A Kast le sobra plata para uniformes y le falta para derechos

El primer presupuesto del gobierno de José Antonio Kast llegó al Congreso con cifras que suenan técnicas pero que ordenan un país entero: $91,18 billones de gasto total neto, un crecimiento real de 1,5% respecto de la ejecución proyectada de 2026, una solicitud de endeudamiento por US$ 25.600 millones y la meta de reducir el déficit estructural de 2,6% a 1,8% del PIB, según consignó DF Diario.

El mismo medio reportó que Hacienda sinceró sus propias proyecciones en el Estado de la Hacienda Pública: 0,7% de crecimiento para 2026 y 3,3% para 2027. O sea, este presupuesto se escribe en un país que no crece, con un mercado laboral deteriorado, y que al mismo tiempo anuncia el "aumento más grande de la última década" en la partida policial —un 9%, según el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que beneficia a Carabineros, la PDI y Gendarmería— mientras pone fin al programa que entregaba computadores a estudiantes de menores recursos.

La pregunta no es retórica: ¿ajuste para quién y seguridad para qué? El proyecto responde con una claridad que incomoda.

La arquitectura del ajuste no es nueva

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, el dirigente del Partido Comunista Juan Andrés Lagos advirtió que este presupuesto replica la arquitectura económica de la dictadura y llamó a levantar una "trinchera popular". No se trata de una consigna aislada: Lagos vinculó el ajuste con el colapso urbano que provocó la voracidad inmobiliaria y con el abandono de los municipios frente al narcotráfico. Es decir, con la misma lógica que subordina la vida de los territorios a la rentabilidad privada y luego deja al Estado sin herramientas para contener el desastre.

Para discutir con datos y no con intuiciones, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) lanzó un comparador presupuestario que permite contrastar la ley vigente con el proyecto 2027 desagregado por ministerio, institución, programa, subtítulo, ítem y asignación. La herramienta está abierta a organizaciones sociales, periodistas e investigadores. Es una forma concreta de arrebatarle a Hacienda el monopolio de la interpretación de las cifras.

El problema de fondo es la dirección del ajuste. Hermann González, exvicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, sostuvo que la economía está estancada —el Imacec desestacionalizado de agosto es prácticamente igual al de enero de 2025, con contracción en lo que va del año— y cuestionó que se sobrecumpla la meta: "No creo que sea incluso conveniente sobrecumplir la meta este año, dada la situación cíclica de la economía". En el otro extremo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que "el 2027 va a ser el año del crecimiento y el empleo", fijó una meta de 100 mil nuevos puestos de trabajo a marzo e incluso respondió "creo que sí" cuando se le preguntó si Chile podría crecer 3% este año. La diferencia entre esa expectativa y el 0,7% que proyecta Hacienda no es un detalle técnico: es la distancia entre el relato oficial y el país que el propio Ejecutivo dice estar gobernando.

Los recortes tienen nombre propio

El fin de "Yo Elijo mi PC" es la postal más nítida. Especialistas advirtieron durante la tramitación que eliminar la entrega de computadores puede profundizar la brecha digital justo cuando la educación y el trabajo dependen cada vez más del acceso a tecnología. La senadora Yasna Provoste anunció que buscará reponer esos fondos, junto con los de Prodemu y Calles sin Violencia. No es caridad: es reconocer que hay derechos que el mercado no provee.

En educación superior, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) y el CRUCH expusieron ante la Cuarta Subcomisión Mixta, que rechazó la propuesta del Ejecutivo. El informe técnico del CUECH cifró en $102.553 millones la reducción acumulada para el sector —sumando ajustes al presupuesto 2026 y el recorte 2027— y proyectó una pérdida adicional de $50.551 millones, porque el reajuste de 2,88% quedó por debajo de una inflación estimada en 4,3%. En las 18 universidades estatales, el Programa de Fortalecimiento cae 10%, el Aporte Institucional 12,2%, el Plan de Fortalecimiento 34,8% y el aporte por gratuidad deja de entregar unos $13.600 millones. La rectora de la UMCE, Solange Tenorio, lo dijo sin adornos: el Estado no puede "renunciar a la responsabilidad con sus propias instituciones ni hipotecar su futuro".

En cultura, el director del Festival de Cine de Valdivia, Raúl Camargo, advirtió que "a nivel del presupuesto general, puede parecer una disminución acotada, pero para la cultura representa un recorte enorme", con efectos en gobiernos regionales y municipios. La no renovación del contrato de Varinia Brodsky —primera mujer en dirigir el Museo Nacional de Bellas Artes desde el retorno a la democracia— y la paralización del Plan Maestro por falta de recursos completan el cuadro. Brodsky apuntó a motivos políticos y a una "mirada misógina" hacia su gestión.

En el mundo rural, ANAMURI y otras organizaciones recurrieron al Comité CEDAW de la ONU por el fin del convenio INDAP–PRODEMU, vigente desde 1992 y que benefició a más de 35 mil mujeres rurales e indígenas. El cierre escalonado del Programa Mujeres Rurales también implica la pérdida de la experiencia de sesenta coordinadoras sectoriales.

El "año del empleo" no explica el desempleo

La promesa oficial choca con los datos. Según el informe del OCEC-UDP recogido por La Tercera, la tasa de desempleo general llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto; entre quienes tienen educación superior completa alcanzó 8,3%, con un alza de un punto porcentual en doce meses y 356.286 personas desocupadas. Entre técnicos llegó a 8,7% y entre universitarios, a 8%. Son doce meses consecutivos de alzas en ese segmento.

Por eso la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), cuestionó el plan "Chile Despega" —$1,3 billones— y exigió medidas inmediatas: "Se requiere algo mayor, y eso es poder soltar un poco la billetera". Que una dirigente de la derecha pida más gasto público es la mejor prueba de que la supuesta consolidación fiscal no está respondiendo a la emergencia.

Y en el sur, como es sabido, el Ejecutivo mantiene el estado de emergencia —vigente desde fines de 2021 y prorrogado por sucesivos gobiernos— sin una política indígena definida. Salvador Millaleo, académico de la Universidad de Chile, sostuvo que "no hay ningún tipo de política", que los anuncios de la Cuenta Pública se postergaron para 2027 y criticó las declaraciones del ministro de Defensa sobre el Convenio 169.

El presupuesto responde entonces a la pregunta inicial. Financia control y desfinancia derechos: computadores, universidades, cultura, mujeres rurales. No es un ajuste inocente ni neutral: es una jerarquía de clase escrita en pesos.