Aprobar a ciegas: la reforma de seguridad que quiere volver norma la excepción

El lunes 14 de septiembre, representantes de la sociedad civil caminaron hasta La Moneda para entregar una carta firmada por más de 150 organizaciones de Chile, América Latina, Europa y Oceanía. No iban a negociar indicaciones ni a pedir una audiencia: exigían al Presidente José Antonio Kast retirar la reforma constitucional de seguridad y llamaban al Congreso a rechazar la idea de legislar. "Lo que está en juego hoy día no es nada más ni nada menos que nuestra libertad", dijo Sebastián Benfel, director ejecutivo de la ONG Escazú Ahora, al entregar la misiva, según consignó Radio Universidad de Chile.

La escena concentra la contradicción que este medio quiere poner sobre la mesa. Un gobierno que vuelve a cadena nacional para presentar su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que anuncia más de treinta iniciativas, y que sin embargo reserva su pieza central a una reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción. La pregunta no es si el delito existe —existe—, sino por qué la respuesta privilegiada vuelve a ser la ampliación del poder punitivo del Estado y no la reparación de las condiciones que lo producen.

Ocho puntos, tres ejes y un cheque en blanco

El senador Andrés Longton (RN) lo explicó sin rodeos en el programa de streaming de La Tercera. Junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, diseñó una fórmula para "matizar y viabilizar" la reforma: de los once puntos iniciales —reducidos a ocho en el texto que ingresó al Congreso— quedan tres ejes. Incorporar los regímenes penitenciarios diferenciados en el artículo 9 de la Constitución. Meter el crimen organizado en la Carta Fundamental. Y reforzar el estado de emergencia, añadiendo las "amenazas" como elemento preventivo.

Longton fue explícito también en la geometría del poder: la reforma "tiene que tener 4/7" de quórum, dijo, y confió en convencer al resto de la comisión de Constitución. No se trata, entonces, de un debate abierto sobre cómo garantizar derechos, sino de una operación aritmética para juntar votos.

El punto más delicado no aparece en los titulares. Según el análisis de Radio Universidad de Chile, la inhabilitación de ciertos condenados para acceder a prestaciones sociales quedó supeditada a una ley de quórum calificado que todavía no existe. La enmienda habilita la sanción en el texto constitucional y entrega su contenido concreto —qué prestaciones, por cuánto tiempo— a una norma que nadie ha escrito. Se pide al Congreso aprobar la autorización sin conocer el alcance de lo autorizado. Eso, en cualquier manual, es un cheque en blanco.

Y no lo dice La Chispa Sur: lo advirtieron sectores de la propia coalición de gobierno, que hablaron en público de normas que "dañan la institucionalidad", y hasta las Fuerzas Armadas —que operarían el nuevo estado de excepción— hicieron saber su incomodidad por no haber sido consultadas.

La democracia no se negocia

La carta entregada en La Moneda lleva ese lema y no es retórica. Benfel fue claro en que el proyecto afecta derechos básicos: desplazarse, reunirse, comunicarse. "No hay indicación posible que pueda subsanar el error que acaba de hacer el Gobierno al presentar esta iniciativa", sostuvo, cerrando la puerta a la trampa habitual: aprobar la idea de legislar y después "mejorar" el texto en el trámite.

Su argumento desarma la justificación oficial por un costado simple: Chile ya cuenta con varios estados de excepción que el Presidente puede usar cuando lo estime necesario. Si el objetivo es reforzarlos, que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley en esa dirección. Si se quiere avanzar contra el crimen organizado, que presente una propuesta específica. "Pero no involucren a la ciudadanía general en una norma que nos afecta finalmente nuestras libertades fundamentales", agregó.

La distinción importa. No es lo mismo legislar sobre un fenómeno acotado que reescribir la Constitución para habilitar un instrumento de aplicación general. Y el rechazo, según la misma Radio Universidad de Chile, es transversal: no proviene solo de organizaciones de derechos humanos, sino también de actores que habitualmente respaldan la agenda de seguridad.

¿A quién protege la excepción?

Aquí conviene hacer el ejercicio que el discurso securitario evita. El Gobierno volvió en agosto a cadena nacional para presentar su paquete: ampliar la flagrancia, desplegar policías en los barrios más críticos, reforzar la frontera. Son medidas previsibles, discutidas hace años, y ninguna explica por sí sola una cadena nacional. La pieza que sí justificaba el show era la reforma constitucional. El resto funcionó como envoltorio.

La hipótesis que este medio sostiene —y que los hechos permiten plantear, no cerrar— es que el objetivo declarado, prevenir el delito, no agota las funciones reales del paquete. Un estado de excepción reforzado, con plazos que permiten al Gobierno decretarlo por 30 días sin pasar por el Congreso —aunque el Congreso puede dejarlo sin efecto en cualquier momento, según la misma entrevista— desplaza decisiones sobre derechos fundamentales desde el debate legislativo hacia la discrecionalidad del Ejecutivo.

La evidencia de lo que eso significa en la práctica no es hipotética. CIPER Chile documentó que el 3 de septiembre el reportero gráfico de Reuters, Juan González, sufrió una fractura de clavícula por la acción de un funcionario policial mientras cubría manifestaciones en el centro de Santiago, portando credencial de prensa y equipo de protección personal. La columna, firmada por periodistas que han seguido el caso, recuerda que en 2022 se presentó un proyecto de ley de protección a periodistas y trabajadores de la comunicación que lleva más de dos años sin avances en su tramitación y sin recursos comprometidos por el Ejecutivo.

Leer ambos hechos juntos no es forzar el argumento: es describir el mismo Estado que, por un lado, pide más facultades de excepción y, por otro, no ha sido capaz de proteger a quien documenta cómo se usan las que ya tiene.

Históricamente, en la tradición que La Chispa Sur reivindica, el derecho penal y los estados de excepción no son herramientas neutras: son el modo en que el Estado administra el conflicto social y resguarda un orden de propiedad y poder. Por eso la pregunta de fondo no es técnica. Cuando las medidas ya eran conocidas, cuando el discurso no varía y cuando el contenido concreto de la norma se posterga a una ley futura, ¿a quiénes protege realmente este modelo?

La respuesta no la da este artículo; la dará el Congreso cuando vote la idea de legislar. Pero las 150 organizaciones que caminaron hasta La Moneda ya fijaron el marco: no se trata de un debate sobre seguridad. Se trata de decidir si la excepción se convierte en la regla.