¿Casino o coartada? El único postor de Pucón trae un plan inmobiliario que nadie votó

A mediados de agosto, en el marco de un proceso abierto por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), una sola postulación apareció para obtener el permiso de operación del casino de Pucón: Casino Volcán Pucón, sociedad vinculada al ejecutivo Andrés Raggio. La ausencia de competencia sorprendió incluso a los grandes operadores del rubro, Dreams y Marina del Sol, que optaron por restarse del proceso.

Pero el dato más revelador no es quién se presentó, sino quién financia y con qué horizonte. Según reportó DF Diario, detrás de la postulación de Raggio, no como socio formal pero sí con apoyo financiero, aparece un grupo liderado por Nicholas Davis, socio de EuroAmerica, cuyo objetivo no sería el juego sino proyectos inmobiliarios y de desarrollo, entre ellos una iniciativa denominada Gran Pucón.

La operación no se reduce a una concesión de juegos de azar: es la puerta de entrada de capital financiero e inmobiliario a una de las comunas turísticas más codiciadas del sur de Chile. Y ahí está la contradicción que nadie ha querido discutir: la licitación del casino puede decidir, sin voto popular y con escasa deliberación pública, el modelo de ciudad que se impondrá en el borde del lago Villarrica.

Una subasta con un solo jugador

La sola postulación de Casino Volcán Pucón convirtió un proceso supuestamente competitivo en un monólogo. Raggio, de 61 años, no proviene del mundo de los casinos, sino de la tesorería corporativa, un perfil que DF Diario describe como ajeno a la primera línea del negocio del juego. Sin embargo, su equipo no es improvisado: Pier Paolo Zaccarelli, histórico exejecutivo de Enjoy, actúa como asesor y apoderado tanto de Inversiones Gran Pucón SpA como de Casino Volcán Pucón. Gonzalo Grob, ex gerente general de Enjoy Pucón, figura como gerente general de la firma postulante.

Esa estructura muestra una operación profesional, montada con conocimiento de la industria, pero financiada desde fuera del juego. Las grandes cadenas Dreams y Marina del Sol optaron por no competir. El reporteo de DF no explicita los motivos de esa retirada, y la Superintendencia tampoco los ha aclarado públicamente. La pregunta que queda abierta es por qué un mercado que suele disputar cada licencia dejó que un solo actor, vinculado a capital inmobiliario, avanzara sin contrapeso.

Para La Chispa Sur, la ausencia de competencia no es un accidente técnico: es la expresión de un proceso en el que el casino interesa menos como negocio de juego que como llave de acceso a un proyecto territorial. Cuando los grandes operadores se retiran y aparece un financista inmobiliario, la licitación deja de evaluar solo una concesión de mesas y tragamonedas: empieza a evaluar el control sobre suelo urbano y turístico.

El capital inmobiliario no se sienta a la mesa de juego

DF Diario señala que Nicholas Davis no aparece como socio de Raggio, sino que entrega apoyo financiero. Esa distinción jurídica importa, pero no reduce la influencia del capital: define qué postulaciones son viables y qué proyecto urbano se vuelve posible. El propio nombre de Inversiones Gran Pucón SpA delata que el horizonte es más amplio que un casino: es la valorización de un territorio.

Desde una lectura materialista, lo que se disputa no es tanto el paño de juego como la renta del suelo. El casino funciona como ancla de proyectos hoteleros, de segundas viviendas y de comercio orientado al turista de alto ingreso. En esa lógica, la concesión de juego no es el fin del negocio; es el instrumento para consolidar plusvalías inmobiliarias y transformar la ciudad en un activo financiero. El casino de Pucón, entonces, no es una excepción: es un caso testigo del extractivismo turístico que avanza sobre la zona lacustre de La Araucanía.

Eso no significa que el casino sea ilegal ni que exista irregularidad comprobada en la postulación. Significa que la discusión pública está mal planteada. Mientras la SCJ evalúa idoneidad y solvencia, nadie ha explicado qué pasará con el suelo, el agua y la vivienda si el proyecto Gran Pucón avanza. Las fuentes disponibles no dan cuenta de estudios de impacto ambiental, diagnósticos habitacionales ni mecanismos de participación ciudadana vinculados a esta decisión.

Vivienda, lago y democracia territorial

La zona de Pucón y del lago Villarrica vive hace años una presión inmobiliaria sostenida: parcelaciones, alza de precios de suelo, desplazamiento de población local y déficit habitacional son parte del paisaje estructural de la comuna. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la expresión local de un modelo que privatiza los bordes lacustres y encarece la vida para quienes viven todo el año.

En ese escenario, la licitación del casino debería ser una oportunidad para preguntar en serio: ¿qué proyecto de ciudad se está habilitando? ¿Para quién se construye? ¿Qué rol jugará el plan regulador de Pucón y los permisos de edificación que se otorguen después? Hasta ahora, esa conversación no aparece. La Superintendencia fiscaliza el juego; el municipio guarda los instrumentos urbanos; las organizaciones ambientales y territoriales de la cuenca del lago Villarrica no registran, en el material disponible, una participación formal en la evaluación de estos impactos.

La opacidad no es neutral: favorece al capital que puede esperar, comprar suelo y no depender de la deliberación ciudadana. No es casual que la pregunta por el casino se haya reducido a una formalidad administrativa, mientras los términos del desarrollo urbano se cocinan lejos del escrutinio. La Chispa Sur no da por probado un daño ambiental ni una irregularidad: constata que la información existente es insuficiente para descartarlo, y que esa insuficiencia es en sí misma un problema democrático.

El caso de Pucón interroga un patrón más amplio: licitaciones con un solo postor, financiamiento proveniente de sectores ajenos al giro y ausencia de evaluación territorial. Si se concede el permiso sin responder qué pasará con la vivienda, el lago y la participación popular, la señal será clara: el casino opera como fachada de un negocio territorial que nadie votó.