Ciudadanía vs. Mercado: La batalla ideológica que se oculta tras la disputa tributaria

Mientras en la Comisión de Hacienda del Senado se libraba esta semana una batalla campal por décimas de impuestos corporativos —con acusaciones de "traición a la buena fe", acuerdos que se caían y resucitaban en cuestión de horas, y un ministro de Hacienda saliendo al rescate de un pacto que sus propios aliados declaraban muerto—, una encuesta publicada por CIPER Chile ofrecía una radiografía mucho más reveladora del momento político que atraviesa el país. El estudio, la primera entrega de la Encuesta ICSOH-UDP sobre clima social, plantea una pregunta que la clase política parece empeñada en eludir: ¿cuánto mercado y cuánto Estado quieren realmente las personas?

La respuesta no es binaria, pero tampoco es ambigua. La mayoría de los chilenos demanda un Estado garante del bienestar, aunque también exige mayor eficiencia y abre espacio, con matices, a la participación privada. Como señalan los autores del estudio, "en los tiempos actuales, la pregunta clave no es si el Estado debe garantizar o no el bienestar, sino cuánto mercado cabe dentro de esa garantía, quién paga por ella y, sobre todo, si el Estado será capaz de estar a la altura de lo que la ciudadanía le exige".

El contraste entre esta evidencia y el rumbo del Ejecutivo no podría ser más elocuente. A tres meses de iniciado el gobierno de Kast, el 80% de las personas encuestadas coincide en que el país atraviesa una emergencia económica, pero solo el 25% cree que las medidas propuestas para enfrentarla beneficiarán a la mayoría. La evaluación del gobierno arroja un 45% de valoración negativa y apenas un 27% positiva. La emoción dominante es la preocupación, la delincuencia encabeza la agenda de problemas urgentes con un 57%, y la mitad de los hogares declara estar económicamente peor que hace seis meses.

En ese escenario, la discusión sobre invariabilidad tributaria que esta semana enfrentó al ministro Jorge Quiroz con los senadores del PPD —Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya— no es un mero trámite legislativo. Es la expresión más descarnada de una pugna ideológica que el oficialismo intenta disfrazar de necesidad técnica.

La trampa del consenso técnico

El episodio es ilustrativo. Tras alcanzar un acuerdo con los tres senadores PPD sobre invariabilidad tributaria, el Ejecutivo ingresó indicaciones que incluían una rebaja adicional del impuesto corporativo del 23% al 22%, punto que —según denunciaron los parlamentarios— nunca estuvo sobre la mesa de negociación. Los senadores respondieron con una declaración pública en la que aseguraron que "no vamos a validar esta trampa". El ministro Quiroz, sorprendido por el vuelco, revirtió la medida en un acto de "buena fe", pero el daño ya estaba hecho.

"Vamos a conversar con ellos, nosotros siempre con las cartas arriba de la mesa", declaró Quiroz, quien insistió en que "la rebaja del 22% lo había dicho en entrevistas previas" y que "aquí no hay pillería". Sin embargo, el episodio reveló la lógica que subyace a toda la megarreforma: incluso cuando se sienta a negociar con la oposición, el gobierno empuja los límites hacia una mayor desprotección del fisco en favor del capital corporativo.

El dirigente republicano Arturo Squella, por su parte, anticipó "sorpresas" en la votación del Senado y llamó al PPD a mantener el respaldo: "Los invitaría a que piensen en Chile. El proyecto va a ser igual, y los votos para esa medida están". La advertencia es transparente: con o sin el PPD, la maquinaria oficialista avanzará. La pregunta es si lo hará con el barniz de un acuerdo transversal o sin él.

La salud como laboratorio

El otro frente donde la disputa ideológica se manifiesta con nitidez es la salud. Esta semana, la ministra May Chomali celebró el cumplimiento anticipado del Plan de Alerta Oncológica, una estrategia que permitió contactar a más de 30 mil personas con diagnóstico o sospecha de cáncer que enfrentaban prolongados tiempos de espera. De ellas, solo 31 pacientes no pudieron ser encontrados. A más del 90% se les cumplió la garantía GES: consulta, cirugía o inicio de tratamiento.

El dato políticamente incómodo es que "la inmensa mayoría de las atenciones fue resuelta por la red pública de salud", según detalló la cartera. Apenas cerca del 10% de los pacientes fue derivado a prestadores privados. La propia ministra admitió: "Se pensó que podían ser más. Incluso, habíamos hecho una estimación, en términos económicos, que íbamos a derivar el 50%, pero la red respondió muy bien".

Es decir, cuando el Estado asigna recursos, coordina equipos y se fija metas concretas, la red pública demuestra una capacidad de resolución que contradice el relato de su ineficiencia congénita. Sin embargo, la conclusión que extrae Chomali apunta en la dirección contraria: "No podemos vivir de campañas o alertas", declaró, para acto seguido defender el fortalecimiento de la relación público-privada como única vía sostenible.

La ideología inconfesable

Aquí aparece la operación discursiva más significativa. "Estamos fortaleciendo la relación público-privada, porque hay que poner de frente a los pacientes, no las creencias ideológicas", afirmó Chomali en entrevista con La Tercera. La frase, reproducida por Cooperativa y Radio Universidad de Chile, condensa una estrategia retórica que merece ser desmontada: presentar la defensa de lo público como una posición ideológica y, en cambio, la colaboración con el sector privado como una decisión puramente técnica, desprovista de carga doctrinaria.

Es exactamente al revés. Sostener que la solución pasa por "legalizar esos procesos y tener una red de segundos prestadores robusta en todo el país" —como planteó la ministra— es una definición profundamente ideológica. Implica asumir que el Estado debe renunciar a resolver por sí mismo las prestaciones y consolidar un modelo de complementariedad que, en los hechos, transfiere recursos fiscales al sector privado bajo el argumento de la eficiencia. La encuesta ICSOH-UDP muestra que la ciudadanía no rechaza de plano esa complementariedad, pero la condiciona a que el Estado mantenga un rol garante. Lo que está en disputa no es si existe o no colaboración con privados, sino quién define las prioridades, quién asume los costos y quién retiene la responsabilidad última frente a los pacientes.

Al declarar que quiere "sacarnos las anteojeras", la ministra pretende ubicarse en un terreno de neutralidad técnica que no existe. Su diagnóstico —"el principal problema no es la falta de recursos, sino la gestión"— contiene una verdad parcial que, descontextualizada, puede servir para justificar un desfinanciamiento crónico del sistema público. La propia experiencia de la alerta oncológica sugiere que gestión y recursos no son variables independientes: la red respondió porque hubo una inyección focalizada de capacidades y una voluntad política de priorizar.

La encuesta del ICSOH-UDP llega en un momento en que el gobierno impulsa una megarreforma con un claro sesgo pro-empresa, en que la clase política negocia invariabilidades tributarias con acusaciones cruzadas de mala fe, y en que una ministra de Salud utiliza el éxito de la gestión pública para argumentar a favor de la expansión privada. Los datos están ahí: la mayoría no se siente representada por este rumbo. La pregunta es si alguien en el Congreso está escuchando.