Con permiso en mano y gas en la cara: la protesta como enemigo interno del plan Kast

La marcha estaba autorizada. El recorrido estaba definido: de Plaza Baquedano a Los Héroes, con el visto bueno de la Delegación Presidencial Regional. Los convocantes habían cumplido cada exigencia formal para ejercer el derecho a reunión. Y sin embargo, a la altura del Cerro Santa Lucía, Carabineros cargó contra la columna sin previo aviso ni diálogo. El resultado, reportado por El Siglo, es la radiografía de una administración que no procesa el conflicto social sino que lo reprime: más de 200 estudiantes atendidos por las Brigadas de Salud tras resultar afectados por gases químicos y decenas de detenciones que las organizaciones califican de arbitrarias.

No es un episodio aislado. El mismo fin de semana, la Romería al Cementerio General que conmemoró los 53 años del golpe de Estado terminó con al menos 24 detenidos según el parte inicial de Carabineros difundido por La Tercera, cifra que horas más tarde se elevó a 29. La pregunta que emerge es incómoda: ¿qué tipo de relación establece el gobierno de José Antonio Kast con quienes disienten? Y más aún: ¿cómo se articula esta respuesta policial con la agenda de seguridad que el Ejecutivo despliega como su promesa fundacional?

La autorización que no alcanzó

El jueves, más de cinco mil estudiantes secundarios y universitarios marcharon por la Alameda. La convocatoria reunió a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Red Solidaridad Estudiantil, la Coordinadora Feminista 8M y la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (CONFECH). Los motivos: rechazo a las reformas de seguridad y educación del Ejecutivo, a la denominada megarreforma, a la Ley Escuelas Protegidas y al Foro de Madrid, el encuentro internacional de derecha que se realizaba en Santiago.

Pese al permiso concedido, Fuerzas Especiales interceptó el recorrido. La vocera de la ACES, Darling Marchant, lo resumió sin rodeos: "Hoy nuevamente nos movilizamos frente a la represión que nosotros sufrimos, pese a que tenemos un permiso". Según reportó El Siglo, equipos de prensa denunciaron haber sido agredidos por el solo hecho de registrar lo que ocurría. La Defensoría Estudiantil de la Universidad de Chile y los piquetes jurídicos de ACES y la Red Solidaridad Estudiantil se desplegaron de inmediato en las comisarías de Santiago, Recoleta y Providencia para garantizar acompañamiento legal a los detenidos. El movimiento, forzado a convertirse en respuesta de emergencia frente a la acción policial.

Las reformas que el movimiento no puede ignorar

¿Qué motiva a miles de estudiantes a marchar? La cobertura de Nodal lo detalla: la movilización se dirigió contra la reforma constitucional en seguridad, las políticas del Ejecutivo en esa materia, la megarreforma educativa y la Ley Escuelas Protegidas. La megarreforma, aprobada por el Congreso hace apenas unas semanas, es el blanco central. Marchant la confrontó en términos de clase: "¿Cuándo una megarreforma que realmente sirva para una educación digna, aumente las pensiones y alivie el bolsillo de nuestras familias, o las megarreformas existen solamente para beneficiar a los grandes empresarios de este país?".

La pregunta no es retórica. Aranza Díaz, vocera de la Red Solidaridad Estudiantil, vinculó la movilización con la agenda económica y de seguridad del Gobierno: mientras el presidente se reunía con Javier Milei en La Moneda para profundizar su modelo económico, "nosotros estábamos ahí en las calles, defendiendo a nuestro...". El movimiento no se detiene: para octubre está anunciada una nueva movilización centrada en el Presupuesto 2027 y el financiamiento de la educación superior. La negativa oficial a escuchar, registrada por Nodal, no disuelve el conflicto: lo aplaza y lo profundiza.

Escudo de Barrio: la lógica del territorio vigilado

El contraste con la agenda securitaria del Ejecutivo no podría ser más ilustrativo. Mientras la protesta estudiantil es respondida con gases y detenciones, el Gobierno despliega su plan Escudo de Barrio en 54 zonas del país, 23 de ellas en la Región Metropolitana. El delegado presidencial Germán Codina, en entrevista con Estado Nacional de TVN, explicó que la iniciativa busca "recuperar el territorio para la gente" mediante la articulación de distintos organismos del Estado: desde talleres culturales hasta inversión en cámaras de monitoreo y mejoramiento de iluminación.

La lógica es explícita: los barrios seleccionados —definidos según la gravedad, frecuencia y tipo de delitos— serán intervenidos con una mezcla de seguridad coordinada y presencia preventiva. El plan contempla una inversión anual de $104 mil millones para robustecer a Carabineros, institución que desde 2020 cuenta con 5.800 funcionarios menos, según detalló DF Diario. Se perfila así una economía política del control territorial: el Estado que se despliega para vigilar barrios con el argumento de la seguridad, pero que no tolera la presencia estudiantil en el espacio público autorizado. La contradicción es solo aparente: es la coherencia interna de un proyecto que, como señaló el sociólogo Alexis Cortés en Radio Universidad de Chile, busca una "restauración" de los años 80 y opera como un gobierno "de carácter antipopular".

Vigilar, detener, dispersar: ¿el patrón?

La Romería por los 53 años del golpe añade otra pieza al tablero. La marcha hacia el Cementerio General, convocada por organizaciones de derechos humanos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, registró 24 detenciones según Carabineros a las 12:35 horas, cifra actualizada a 29 durante la madrugada, de acuerdo a La Tercera. El 60% de los aprehendidos mantenía órdenes vigentes por delitos anteriores; el 40% restante fue capturado por delitos flagrantes. El Metro cerró tres estaciones de la Línea 2 ante las manifestaciones.

Ninguna de estas cifras convierte por sí sola un operativo policial en prueba de criminalización. Pero el patrón se dibuja cuando se suman las piezas: una marcha autorizada y reprimida con gases, estudiantes detenidos sin explicación pública, prensa agredida, y una respuesta institucional que no responde a las demandas sino que las reduce a un asunto de orden público. Mientras el Ejecutivo despliega su Escudo para blindar territorios a través de la vigilancia, la movilización social es tratada como amenaza que debe ser contenida. El movimiento estudiantil ya lo ha dicho: el Gobierno no quiere escuchar. Frente a esa sordera, las calles volverán a llenarse. Y cada vez, la factura la pagarán los mismos.