Crecimiento sin empleo, empleo sin derechos: la trampa discursiva de la reactivación oficialista

Mientras el presidente José Antonio Kast se reunía con gobernadores y ministros para anunciar un plan de $50.000 millones destinado a crear 50.000 empleos, la realidad del mercado laboral chileno exhibe cifras que la propaganda oficial no logra ocultar. La tasa de desocupación escaló a 9,4% —casi un millón de personas sin trabajo—, pero ese número es solo la superficie de un deterioro más profundo. La apuesta gubernamental, centrada en subsidios al empleo y en un nuevo ciclo de la construcción, reaviva un viejo dilema del modelo neoliberal: ¿es posible reactivar la economía sin precarizar aún más a quienes trabajan? Para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Fundación SOL, la respuesta es clara: el plan oficial, más que una salida, consolida una arquitectura laboral de bajos derechos y alta incertidumbre.

La secuencia de anuncios no es casual. El gobierno necesita mostrar acción frente a un desempleo que, en los hechos, es muy superior al que se publica cada mes. Pero, como suele ocurrir, la letra chica de la reactivación esconde la continuidad de una agenda que los sectores empresariales demandan desde hace años: más flexibilidad, menos certezas para los trabajadores y un Estado que subvencione la contratación sin exigir condiciones dignas. Es la trampa del “crecer para emplear”, aunque ese crecimiento llegue al 1,8% proyectado este año y aunque los puestos que se creen sean, mayoritariamente, trabajos sin contrato, sin cotizaciones y sin protección.

La fachada de los $50 mil millones

El plan presentado por el biministro de Economía, Daniel Mas, incluye 20.000 subsidios al empleo administrados por el Sence —cuya postulación se abrió el 15 de julio—, más un fondo de $20.000 millones canalizado a través de la Subdere hacia los gobiernos regionales, y otros $5.000 millones para programas de emergencia comunal. En el discurso, es “el primer paso de una robusta agenda”. Sin embargo, el verdadero andamiaje de la reactivación laboral no está en estos recursos, sino en las 22 medidas de la Mesa de Reactivación Laboral que el gobierno ha venido impulsando con el sello del economista David Bravo.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, fue categórico al denunciar que esas propuestas “apuntan a flexibilizar el mercado laboral en desmedro de los derechos de los trabajadores” y no contribuirán a crear más empleo. Entre las medidas cuestionadas se cuentan la ampliación de la jornada hasta 52 horas semanales y la instauración de bancos anuales de horas que, según el dirigente, hacen que “la primera pérdida sea la certeza de los trabajadores de saber cuándo trabajan”. Díaz reveló, además, que la multisindical ya presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por lo que califica como “una agenda encubierta de un nuevo plan laboral” que debilita el rol de los sindicatos.

La contradicción es evidente: mientras el Ejecutivo anuncia un fondo para el empleo, las reformas que promueve en paralelo apuntan a que ese empleo sea más barato para el empleador, pero más inestable para el trabajador. No se trata de un descuido: es la misma lógica que, durante décadas, ha hecho del subsidio a la contratación privada una política permanente, mientras se posterga cualquier discusión seria sobre salarios suficientes o seguridad social. La CUT ya prepara una propuesta alternativa con centros de estudios progresistas, pero el gobierno, fiel a su hoja de ruta empresarial, ha desestimado de plano la voz del mundo sindical.

El espejismo del 9,4%: el desempleo real alcanza el 13,2%

La cifra oficial de desocupación —9,4% en el trimestre más reciente— esconde una realidad que el investigador de Fundación SOL, Gonzalo Durán, ha documentado con detalles. La metodología del INE considera ocupada a cualquier persona que haya trabajado al menos una hora en la semana de referencia, incluso si necesita más horas para subsistir. A la vez, quienes abandonan la búsqueda de empleo por desaliento, luego de reiterados rechazos, son clasificados como inactivos y desaparecen de la estadística, aunque estén disponibles para trabajar.

Cuando se incorporan estos dos fenómenos —la subutilización por horas insuficientes y el desaliento—, la tasa de desempleo efectiva que estima Fundación SOL se eleva al 13,2%. Es decir, una de cada ocho personas en edad y disposición de trabajar no logra obtener un ingreso adecuado. Este indicador ampliado no ha perforado el piso del 10% desde 2010, lo que revela un problema estructural que ninguna reactivación coyuntural podrá resolver mientras no se enfrenten las causas de fondo.

Los datos cualitativos agravan el diagnóstico. Según la columna de CIPER Chile que difundió el análisis de Durán, en el último año el trabajo asalariado formal cayó un 1,7%, mientras que el empleo informal creció un 7,1%. Las mujeres enfrentan una desocupación del 10,5% y una tasa de informalidad del 28,8%. En otras palabras, no solo se crea poco empleo; el que se genera es mayoritariamente desprotegido. Pretender que un paquete de subsidios —sin modificar la calidad de la inserción laboral— revertirá esta tendencia es, a lo menos, un ejercicio de voluntarismo.

Construcción: el motor que el ministro ve y los empresarios no

“Lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción. No hay programa público que sustituya recuperar el sector de la construcción. Y por eso este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hace pocos días. El discurso oficial apuesta al efecto multiplicador de una serie de medidas: la suspensión del IVA en la venta de viviendas nuevas durante un año, la modificación del régimen DFL2 para viviendas de hasta 90 metros cuadrados y cambios normativos que buscan densificar y facilitar el crédito. Hacienda estima que la rebaja tributaria podría reducir los precios entre un 6% y un 7% y, con ello, absorber un stock récord de más de 64.000 unidades sin vender.

Sin embargo, los actores del sector, consultados por La Tercera, son bastante más cautos que el ministro. Aunque valoran las medidas, las consideran insuficientes por sí solas para activar inversiones relevantes. “La construcción depende más del despegue de la economía en su conjunto”, señalaron fuentes gremiales. La Cámara Chilena de la Construcción cifra en 181.000 los puestos de trabajo que hoy faltan para recuperar el potencial de la industria. Pero ese potencial no se desbloqueará por decreto: la demanda por vivienda está condicionada por empleos estables y salarios capaces de sostener una hipoteca, justamente las variables que el actual mercado laboral no ofrece.

Quiroz, al reclamar que “créanme” en la recuperación constructora, apela más a la confianza que a datos concretos. Esa misma confianza fue la que llevó a pronosticar una reactivación inmobiliaria tras cada reforma tributaria de los últimos gobiernos, para luego chocar con la realidad de un empleo deprimido y un consumo restringido. La diferencia es que hoy el discurso optimista convive con un deterioro social que hace aún más frágiles las expectativas.

Conclusión

El plan de los $50.000 millones no es, en rigor, una política de empleo; es un nuevo subsidio a la contratación que deja intactas las causas de la precariedad. La Mesa de Reactivación Laboral, con sus 22 medidas, apunta en la dirección contraria a lo que los trabajadores necesitan: más flexibilidad en lugar de más derechos. Y la fe en la construcción como motor automático de la recuperación ignora las advertencias del propio gremio y la evidencia de que el ciclo económico no arrastra por sí solo al mercado laboral. Como señaló el exdirector de la mesa, David Bravo, el empleo se ha desacoplado del crecimiento pospandemia: crecer ya no basta.

La fractura entre el relato oficial y la calle es profunda. Mientras el gobierno celebra el lanzamiento de subsidios, más de un millón de personas busca trabajo sin encontrarlo, cientos de miles han dejado de buscar por frustración y quienes logran emplearse lo hacen, en gran medida, sin contratos ni protección social. La receta neoliberal insiste en abaratar la mano de obra como condición para crear puestos de trabajo. La historia reciente demuestra que ese camino solo profundiza la desigualdad y posterga el horizonte de un trabajo decente para todas y todos.