El "cheque de souvenir" y la emboscada neoliberal: cuando la crisis de Codelco se convierte en coartada para el despojo

La imagen es tan seductora como infantil: cada chileno recibe un cheque de hasta dos millones de pesos. El Estado se desprende de un activo que, según sus detractores, administra mal. El mercado, en su infinita sabiduría, toma el control y la eficiencia florece. Es el sueño húmedo del "capitalismo popular", ese fantasma que ya recorrió Chile a fines de los ochenta y dejó un reguero de patrimonios concentrados en las mismas manos de siempre. La propuesta del senador republicano Arturo Squella de privatizar Codelco parcialmente no es un exabrupto veraniego ni un globo sonda para medir el rating. Es la punta de lanza de una ofensiva ideológica que se despliega sobre un terreno cuidadosamente abonado: un clima de pesimismo social inédito y una mayoría parlamentaria circunstancial que la derecha cree convertir en cheque en blanco para refrendar el remate de los bienes comunes.

La batalla cultural se libra en el campo de las emociones

Para entender el momento, hay que retroceder unos días. Roberto Méndez, exdirector de Adimark, reveló que en Chile se ha instalado "un clima de pesimismo que no se veía en Chile en los últimos veinte años, incluso peor que en la pandemia y el estallido social". El dato no es menor: una ciudadanía desesperanzada, golpeada por el alza de los combustibles y el temor al desempleo, está menos dispuesta a defender instituciones que percibe como ajenas o ineficaces. Es en ese vacío anímico donde germinan las salidas individuales, el "sálvese quien pueda" que ofrecen los libertarios con la imagen del cheque.

La jugada de Squella, descrita gráficamente por La Tercera como una disputa por "quién pone la música" en la derecha, no aspira a un debate profundo de ideas, sino a marcar la agenda con una propuesta disruptiva que suene atractiva en ese contexto de agobio. Frente a esto, el Partido Comunista advirtió con precisión quirúrgica: "La mayoría parlamentaria circunstancial no es un cheque en blanco para rematar el sueldo de Chile". La frase no es una consigna; es un diagnóstico. Porque cuando se habla de privatizar Codelco, aunque sea "parcialmente", no se discute un modelo de negocios: se discute quién controla el flujo de recursos que ha financiado hospitales, escuelas y la defensa nacional desde 1971.

La supuesta "ineficiencia" que es en realidad un diseño de saqueo

La coartada técnica para esta embestida la proporciona un informe de DF Diario que detalla la "crisis de rentabilidad" de la estatal. Las cifras son elocuentes: costos de producción 57% más altos que los de sus pares mundiales, un margen Ebitda que se queda en 34%, una deuda neta que quintuplica la de sus competidores e inversiones que generan flujos negativos. El mismo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, la calificó como una "crisis de rentabilidad". Con estos números sobre la mesa, la pregunta parece obvia: ¿no sería mejor que la gestionen privados?

El problema de la pregunta es que esconde la verdadera naturaleza de la crisis. Codelco no opera como una minera privada que maximiza utilidades para sus accionistas. Es una empresa estatal que tiene la obligación legal de transferir el 10% de sus ventas —no de sus ganancias— a las Fuerzas Armadas mediante la Ley Reservada del Cobre, un mecanismo que distorsiona por completo su estructura de costos. Además, históricamente ha debido entregar la totalidad de sus excedentes al fisco, lo que le ha impedido capitalizarse adecuadamente para mantener sus niveles de inversión. El informe de la Dirección de Presupuestos, también citado por DF Diario, revela que la deuda pública alcanzó máximos no vistos desde 1990. En ese contexto, a Codelco se le exige que financie rentas generales de la nación mientras se le critica que se endeude para mantener sus operaciones. Es una trampa circular: el Estado la descapitaliza por razones fiscales y luego la misma derecha exhibe su endeudamiento como prueba de ineficiencia estatal.

La comparación con las mineras privadas omite un dato fundamental del mismo período: la tributación de la gran minería privada creció un 83,8% real anual, impulsada por el alto precio del cobre y el royalty minero. Es decir, el negocio es extraordinariamente rentable. El problema no es el cobre, ni siquiera la gestión en sí misma: es la decisión política de haber convertido a Codelco en una caja pagadora de compromisos que el Estado no financia con impuestos generales o reformas tributarias progresivas.

Lo que viene: de Codelco al agua, el litio y la infraestructura

El debate, por tanto, no es técnico sino de clase. La misma semana en que Squella lanzaba su propuesta, en las páginas de La Tercera se publicaba una carta que abogaba por restablecer la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, pero sin sobretasas que la compensen. El argumento es una joya de la ortodoxia: la contraprestación que recibe el país no debe ser un impuesto adicional, sino la inversión misma, como si el solo hecho de que el capital se pose sobre suelo chileno fuera un favor que nos dispense de la necesidad de regularlo o extraerle un retorno justo.

Este es el verdadero programa. Si se logra instalar el relato de que el Estado es intrínsecamente un mal administrador y que los recursos estratégicos deben pasar a manos privadas para ser "eficientes", la lista de candidatos al remate es larga: el litio, justo cuando Codelco desempeña un papel central en su desarrollo para la transición energética; el agua, en un país donde el cambio climático ya convirtió la gestión hídrica en un campo de disputa; la infraestructura pública, siempre tentadora para los fondos de inversión que prometen modernización a cambio de peajes eternos.

Como ha escrito agudamente un columnista de La Tercera, lo que se ofrece es un "cheque de souvenir" de un naufragio. Es la demolición de toda solución colectiva y su reemplazo por la fantasía de una salvación individual, por dos millones de pesos que durarán lo que una familia tarda en pagar deudas atrasadas antes de volver a quedar desprotegida frente a un sistema que ya no le garantiza salud, educación ni pensiones dignas.

El capitalismo popular ya fracasó en Chile. En su nombre, los amigotes de Pinochet se repartieron las empresas del Estado con promesas de propiedad obrera que terminaron en los bolsillos de Julio Ponce Lerou y José Yuraszeck. Esta vez ni siquiera hay un truco de magia que oculte el despojo: solo un cheque mientras se derrumban los servicios públicos y se blinda a los grandes inversores con invariabilidad tributaria sin contraprestación. La crisis de Codelco es real, pero su solución no está en ceder soberanía sobre el principal recurso estratégico del país, sino en reformar las reglas políticas que la obligan a endeudarse para sostener un modelo fiscal que se niega a cobrarle a quienes concentran la riqueza.