El nuevo “enemigo interno”: ¿Seguirá Chile la doctrina de Marco Rubio contra la izquierda?

Mientras la atención global se distrae con los grandes negocios del espectáculo deportivo —como la final del Mundial que ya coronó a Adidas en la bolsa—, en Washington se escribe un guion mucho más denso y peligroso. El pasado 16 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezó una cumbre antiterrorista con representantes de al menos 60 gobiernos, donde definió explícitamente a grupos “anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas” como una nueva amenaza global. No se trató de una declaración simbólica: fue la inauguración formal de una doctrina que busca construir una coalición internacional para criminalizar a la izquierda política.

La maniobra, denunciada por medios como El Siglo de Chile y Granma de Cuba, tiene un objetivo nítido. Rubio sostuvo que “por demasiado tiempo nuestra doctrina contra-terrorista ha tenido un punto ciego… la violencia extremista procedente de la izquierda política”, y llamó a “erradicar este mal para siempre”. En un hemisferio donde varios gobiernos se alinean con la agenda de Washington —entre ellos el Chile de José Antonio Kast—, la pregunta que planteó el editorial de El Siglo resuena con urgencia: ¿seguirá Chile esta doctrina? La interrogante no es abstracta: toca directamente la criminalización de los movimientos sociales, la protesta territorial y la disidencia política bajo un paraguas retórico fabricado en Estados Unidos.

La construcción del enemigo global: ideología como crimen

El discurso de Rubio en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político fue desmenuzado por el Observatorio de Medios de Cubadebate, que identificó al menos diez falsedades o distorsiones graves en su argumentación. La operación discursiva es tanto más insidiosa cuanto que no necesita imputar acciones concretas: criminaliza identidades políticas completas. “La izquierda radical puede adoptar diversos lemas e ideologías, puede llamarse a sí misma anticapitalista, antiimperialista, comunista, anarquista o marxista; pero su naturaleza fundamental es un resentimiento disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación”, afirmó Rubio, según reportó la periodista Regina Reyes para El Siglo.

La lista de afirmaciones cuestionables es extensa. Rubio sostuvo, por ejemplo, que los gobiernos locales estadounidenses “simplemente se negaron a procesar” la violencia de las protestas de 2020, una generalización que los propios registros del Departamento de Justicia contradicen. También infló cifras sin respaldo verificable y descontextualizó hechos para construir una supuesta amenaza terrorista global con epicentro en la izquierda. Pero el dato políticamente más revelador no es la falta de rigor sino la función que cumple el relato: proporcionar un “escudo” retórico para que gobiernos aliados persigan a sus opositores internos bajo la etiqueta de “antiterrorismo”.

No es casual que a la cita en Washington asistieran delegaciones de países con administraciones de extrema derecha o profundamente alineadas con Washington. En el caso latinoamericano, estuvieron presentes representantes de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. La pregunta que queda flotando es qué instrucciones, acuerdos de inteligencia u operativos conjuntos se esbozaron en esa sala.

El eco en Chile: “sumisión” y el ingreso al “Escudo de las Américas”

En Chile, las alarmas ya se encendieron. El Partido Socialista emitió una declaración pública en la que condenó lo que calificó como un “camino de sumisión” del gobierno de Kast hacia la administración Trump, cuestionando específicamente el ingreso del país al “Escudo de las Américas”, una alianza militar impulsada por Washington. Según reportó Radio Universidad de Chile, la colectividad fustigó al canciller Pérez Mackenna por proclamar a Estados Unidos como el “principal socio estratégico” de Chile y deploró sus afirmaciones sobre una supuesta necesidad de reparar vínculos bilaterales “resentidos”.

El PS recordó que fue el propio Trump quien deterioró unilateralmente la relación al desconocer el Tratado de Libre Comercio e imponer aranceles ilegales. La declaración calificó además de “hipocresía mayúscula” la convocatoria a una cumbre antiterrorista enfocada en la izquierda, justo cuando se aproxima el 50° aniversario del atentado contra Orlando Letelier en Washington, un crimen de terrorismo de Estado que permanece en la memoria histórica chilena.

El editorial de El Siglo fue aún más directo: exigió transparencia sobre si Carabineros, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia, los mandos de las Fuerzas Armadas y Cancillería van a coordinarse con Estados Unidos en el “diseño y operación contra organizaciones comunistas, antifascistas y antiimperialistas”. La sola formulación de esta pregunta revela hasta qué punto la doctrina Rubio deja de ser una abstracción geopolítica para convertirse en un peligro concreto para la democracia chilena.

¿Quién es el “terrorista” en La Araucanía?

La confluencia entre el nuevo contexto internacional y la agenda de seguridad interior del gobierno de Kast no es una hipótesis forzada. Cuando la derecha chilena defiende con vehemencia instrumentos como la Ley Naín-Retamal —que otorga a Carabineros una “legítima defensa privilegiada”—, lo hace en un clima político donde la etiqueta de “terrorista” ya se ha aplicado con soltura al conflicto mapuche. La reciente muerte del cabo primero Marco Cosme en Valdivia, baleado durante un operativo, desató una ola de declaraciones de parlamentarios como Tomás Kast (Evópoli), Erich Grohs (Libertarios) y Javiera Rodríguez (Republicanos), quienes arremetieron contra el Partido Comunista por impulsar modificaciones a dicha ley, calificando esa postura de “indignante” y “repulsiva”.

El dato estructural es que la doctrina Rubio ofrece ahora un manto ideológico supranacional que puede blindar políticamente la aplicación más agresiva de estas leyes. Si Washington define como amenaza global a grupos “antiimperialistas” y “anticapitalistas”, la reivindicación territorial mapuche —que en su núcleo cuestiona la propiedad y el modelo extractivista— queda simbólicamente emparentada con el enemigo construido por el Departamento de Estado. Informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado durante años el uso abusivo de la legislación antiterrorista en el Wallmapu. La novedad es que ahora esa práctica podría encontrar respaldo en una “coalición” internacional liderada por Estados Unidos.

La pregunta no es si el gobierno de Kast adoptará explícitamente la doctrina Rubio —es probable que la diplomacia evite un alineamiento estridente—, sino si los aparatos de inteligencia y seguridad ya están operando de facto bajo esa lógica. La participación de un funcionario chileno en la cumbre de Washington, confirmada por las fuentes, es un indicio de que la coordinación ya está en marcha.

Mientras el hemisferio se entretiene con las finales del Mundial y las cotizaciones bursátiles, se teje una arquitectura represiva continental. La defensa de la autonomía política y de los derechos fundamentales no puede quedar relegada a editoriales aislados ni a declaraciones de partidos de oposición. Lo que está en juego —la criminalización de la disidencia bajo el ropaje del antiterrorismo— es un punto de inflexión que define qué tipo de democracia sobrevivirá en el sur del continente.