Elección popular, remoción por decreto: la letra chica que la agenda de seguridad no quiere poner en el debate

El Ejecutivo ingresó a Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Según La Tercera, se trata de un decreto supremo firmado por el Presidente José Antonio Kast, de 53 páginas, que entró al organismo que dirige Dorothy Pérez el pasado 2 de septiembre y que contiene la bajada práctica de una ley que, al menos en el papel, ya está en plena vigencia desde el 12 de agosto, seis meses después de su promulgación en febrero. El responsable de redactarlo fue el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.

Hasta ahí, la tramitación normal de una ley que busca ordenar el funcionamiento de los inspectores de seguridad municipal. El problema es lo que el decreto contiene y que el trámite administrativo esconde: la creación, por la vía reglamentaria, de una causal para cesar en el cargo a los alcaldes. Es decir, el Ejecutivo fija por decreto las condiciones bajo las cuales una autoridad elegida democráticamente puede ser removida. La Tercera consigna que el movimiento podría abrir un flanco constitucional, porque hay quienes advierten que la materia excede lo que un reglamento puede definir.

En paralelo, y como la otra cara de la misma moneda, el despliegue ya aterrizó en regiones. De acuerdo a Cooperativa, la Municipalidad de Concepción realizó en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo una prueba física a 120 postulantes que aspiran a convertirse en inspectores municipales. La dimensión local de la agenda de seguridad se está construyendo ahora: más poder administrativo, más funcionarios con atribuciones y un debate público que, una vez más, llega tarde.

El reglamento que se escribe lejos del Congreso

La discusión de fondo no es si las comunas necesitan mejores herramientas de seguridad. Es quién decide, cómo y con qué contrapesos. El reglamento en cuestión no solo regula el equipamiento defensivo de los inspectores según su perfil; también incorpora la causal de cese para los jefes comunales. Y lo hace por decreto, en un texto que el Congreso no vota y que solo pasa por la toma de razón de Contraloría.

Vale precisar el contexto del medio: Chile tiene una tradición de autonomía municipal consagrada en su arquitectura constitucional, y las municipalidades son la única instancia de poder territorial que se elige directamente por la ciudadanía, aparte del gobierno nacional y las regiones. Que el Ejecutivo defina en un reglamento las condiciones de permanencia de esas autoridades, sin una ley que lo habilite con claridad, tensiona el principio de legalidad y el equilibrio entre poderes.

El propio diseño del proceso deja ver las tensiones. Guerrero redactó el reglamento en diálogo con la asociación de municipalidades y los alcaldes, y tomó como base el borrador que había alcanzado a elaborar su antecesora, Carolina Leitao. La Tercera también señala que el Ejecutivo había postergado el ingreso a la espera de la llamada "ley exprés" que se tramita en el Congreso para corregir aspectos técnicos, hoy atrasada en el Senado. Esa demora explica por qué el reglamento llegó cuando llegó: no por consenso previo, sino por el estancamiento legislativo.

La seguridad que ya camina por las calles

Mientras el reglamento espera el pronunciamiento de Contraloría, la implementación avanza por abajo. En Concepción, el proceso de selección consideró la entrega de antecedentes de civilidad, evaluación curricular, aptitud física funcional y entrevistas personales y psicolaborales. El director Municipal, César Bobadilla, lo describió así: "Hoy se concretó el test de capacidad física para los interesados, que consideramos totalmente exitosa. Fue supervisado por el director y el equipo asesor de la Dirección de Seguridad Pública, y examinada por profesionales del área de acondicionamiento y capacidad física del municipio". De los 120 postulantes, 30 serán seleccionados para integrar la nueva dotación.

Este es el punto donde conviene evitar dos errores simétricos. Uno es tratar la incorporación de inspectores como un acto autoritario en sí mismo: contratar personal municipal para tareas de seguridad es una facultad legítima y, en muchos territorios, una necesidad sentida por comunidades abandonadas por el Estado central. El otro error es creer que la discusión termina ahí. La pregunta incómoda no apunta a los postulantes que rinden una prueba física, sino al diseño institucional que combina más funcionarios con atribuciones con menos contrapesos democráticos sobre quién los dirige y bajo qué reglas.

El orden como argumento de recentralización

Desde una lectura materialista, la seguridad no es un ámbito técnico neutral: es un terreno donde se dirime el control del territorio. Cuando el poder central fija por decreto las reglas del juego local —incluida la permanencia de las autoridades elegidas—, lo que está en disputa no es solo la eficacia policial, sino la jerarquía entre el centro y la periferia. La historia reciente de Chile, marcada por la municipalización de la educación y la salud durante la dictadura y por tres décadas de un modelo que traspasó responsabilidades a las comunas sin garantizar los recursos, muestra que la autonomía local ha sido siempre un campo en tensión: invocada cuando sirve para descargar costos, recortada cuando incomoda al poder central.

Eso no autoriza a afirmar que exista un plan deliberado de recentralización escondido en el reglamento. La pauta de este medio lo plantea como pregunta abierta, y como tal debe leerse. Pero sí obliga a exigir algo elemental: que una materia de esta envergadura —las causales para remover a una autoridad electa— se discuta en el Congreso, con debate público y a la vista de todos, y no por la vía de un decreto de 53 páginas que solo unos pocos leen antes de su publicación.

El pronunciamiento de Contraloría será decisivo y también revelador. Si el organismo cuestiona la causal, quedará en evidencia que el Ejecutivo intentó legislar donde no podía. Si la valida sin objeciones, el precedente será tan grave como el decreto mismo: bastará un reglamento para poner a los alcaldes en la mira. La seguridad, después de todo, se ha convertido en el argumento más eficaz para decidir quién manda en el territorio y quién puede ser removido de él.