Entre Trump y la megarreforma: la trampa del «libertarismo» chileno frente al proteccionismo global

El jueves 24 de julio de 2026, mientras en Santiago el gobierno de José Antonio Kast celebraba la aprobación del «corazón» de su megarreforma tributaria, desde Washington llegaba una noticia que expone como pocas la fragilidad del dogma sobre el que se construyó esa misma reforma. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó la imposición de un arancel del 12,5% a productos chilenos —incluido el salmón, estrella de nuestras exportaciones— bajo la acusación de que en Chile se importan bienes elaborados con trabajo forzoso. La casualidad del calendario es solo aparente: ambos hechos están unidos por un mismo hilo conductor, el del modelo económico que el gremialismo en el poder insiste en profundizar mientras el mundo se cierra a hachazos arancelarios.

La contradicción es brutal. Por un lado, el Ejecutivo presume de haber blindado la inversión extranjera con invariabilidad tributaria de hasta 20 años para proyectos superiores a 350 millones de dólares, rebajas del impuesto corporativo del 27% al 23% y compensaciones millonarias a empresas si sus resoluciones ambientales son anuladas. Por el otro, la principal potencia mundial —esa misma de la que dependemos para colocar nuestro cobre, nuestra madera y nuestro salmón— utiliza las herramientas del comercio como arma de presión geopolítica sin que el libre mercado que predica Kast mueva un dedo para defendernos.

El garrote arancelario con rostro «humanitario»

La administración Trump no es nueva en estas lides. El representante comercial Jamieson Greer lo explicó con franqueza ante el Senado estadounidense el 22 de julio: aunque la Corte Suprema derogó las tarifas recíprocas en febrero pasado, la estrategia comercial no ha cambiado. Simplemente se ha refinado. En lugar de aranceles generalizados por decreto, ahora se recurre a investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, que permite al Ejecutivo castigar a países cuyas prácticas afecten «de forma desleal» al comercio estadounidense.

El resultado es un traje a medida: 12,5% de arancel para 40 países, incluido Chile, bajo el argumento de que no impiden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. La carga es especialmente dolorosa para la industria salmonera, que este semestre alcanzó un récord histórico de 441 mil toneladas exportadas —un 15% más que en 2025— pero ya venía sufriendo una caída de precios internacionales de hasta el 14%, según reportó DF Diario. Estados Unidos es el principal mercado para el salmón chileno, y el golpe llega cuando los márgenes ya estaban ajustados.

No es casualidad que el castigo se vista de ropaje humanitario. La narrativa del «trabajo forzoso» permite a Washington presentar una medida proteccionista como un acto de principio, al tiempo que debilita a competidores comerciales. Es la misma lógica con que la Unión Europea impone exigencias ambientales que nuestras industrias extractivas difícilmente pueden cumplir sin encarecer sus costos. La competencia interimperialista entre Estados Unidos, China y la Unión Europea no se libra ya con las armas del libre comercio que predicaron durante décadas, sino con subsidios masivos, barreras arancelarias y guerras comerciales abiertas.

La «trampa» de ser liberal en la era del proteccionismo

Quien mejor ha diagnosticado la raíz ideológica del gobierno de Kast es, paradójicamente, un exministro del gobierno anterior. Luis Cordero, ex titular de Seguridad con Gabriel Boric, advirtió en entrevista con La Tercera que «la trayectoria del gremialismo permite entender mejor el gobierno de Kast que la importación de patrones extranjeros». Frente a quienes en la izquierda equiparan al mandatario con Donald Trump o Javier Milei, Cordero sentencia: «Tiene más que ver con Chacarillas que con Hungría».

La observación es aguda y revela el verdadero problema. El proyecto de Kast no es una copia del trumpismo ni del anarcocapitalismo mileísta: es la culminación electoral de un proyecto ideológico que Jaime Guzmán diseñó en los años 70 y 80, basado en la fe ciega en el mercado como asignador supremo y en la subsidiariedad como principio rector del Estado. Pero ese proyecto, concebido para un mundo donde el Consenso de Washington parecía eterno, se enfrenta hoy a una realidad que lo desmiente día a día.

El mundo de 2026 no es el de 1980. Como advierte el análisis del McKinsey Global Institute, vivimos en una era de «algodón de azúcar financiero»: los activos financieros globales ascienden a cifras astronómicas que multiplican varias veces el PIB mundial real, mientras las potencias compiten ferozmente por los recursos escasos. En este tablero, la «invariabilidad tributaria» que ofrece Chile a los grandes capitales extranjeros es un dulce irrelevante frente a los subsidios billonarios que Estados Unidos entrega a sus propias industrias o los aranceles con que castiga a sus competidores. La pregunta no es si Chile es atractivo para la inversión: es si puede competir en un mundo donde las reglas las escriben los fuertes a punta de proteccionismo y presión militar.

La diversificación marginal y el debate ausente

Frente al portazo estadounidense, la respuesta del gobierno ha sido la previsible: diversificar mercados. El canciller Francisco Pérez Mackenna concluyó esta misma semana una gira por el Sudeste Asiático que incluyó un acuerdo de asociación económica con Filipinas, el inicio de negociaciones comerciales con Bangladesh y avances en inversiones con Indonesia. «Volvemos con acuerdos concretos que nos permiten avanzar», declaró el ministro a Radio Universidad de Chile.

No se trata de despreciar estos esfuerzos. Filipinas, con sus 117 millones de habitantes, y Bangladesh, con 177 millones, son mercados en crecimiento que pueden absorber parte de la oferta exportadora chilena. Pero fingir que estos acuerdos compensan el castigo en el mercado estadounidense es un ejercicio de autoengaño. Estados Unidos concentra un porcentaje determinante de nuestras exportaciones más dinámicas, y los nuevos mercados asiáticos, aunque valiosos, son marginales en volumen y requieren años de maduración.

El economista Guillermo Larraín, de la Universidad de Chile, ya advirtió en Radioanálisis que la tramitación de la megarreforma fue «un debate débil, un debate pobre», donde no se consideraron escenarios alternativos probables. Su crítica apunta al problema de fondo: el gobierno diseñó su reforma tributaria como si el mundo siguiera siendo el de los tratados de libre comercio de los años 2000, sin preguntarse qué ocurre cuando tu principal socio comercial te castiga con aranceles mientras tú le ofreces invariabilidad tributaria. ¿De qué sirve blindar la inversión extranjera si el acceso a los mercados se cierra por decisión política de las potencias?

La cachetada arancelaria de Trump debería obligar a una revisión profunda del modelo, no a su profundización acrítica. Mientras el gobierno insiste en rebajar impuestos corporativos y desregular para atraer capitales, el mundo demuestra que la inversión extranjera se decide cada vez menos por la rentabilidad y más por la geopolítica. La pregunta incómoda que La Chispa Sur planteó al aprobarse esta pauta sigue sin respuesta: ¿es este el momento de profundizar la dependencia de la inversión foránea y la inserción primario-exportadora, o de repensar la soberanía económica desde sus bases? Por ahora, el gremialismo en el poder sigue bailando al son del libre comercio mientras la orquesta hace rato que cambió la partitura.