Justicia para Víctor Jara: la detención que ilumina las contradicciones del presente

La madrugada del sábado 25 de julio de 2026, en una parcela de Puyehue, en la Región de Los Lagos, la Policía de Investigaciones detuvo al exmilitar Nelson Haase Mazzei, de 80 años. Era el último de los condenados por el secuestro y homicidio de Víctor Jara y Littré Quiroga que permanecía prófugo de la justicia chilena. La imagen del antiguo oficial del Ejército, capturado a 850 kilómetros de Santiago, donde cometió sus crímenes hace más de medio siglo, condensa una paradoja insoportable: la justicia llega, pero lo hace con la lentitud de quien camina sobre un campo minado por el olvido institucional.

La detención cierra un ciclo simbólico en una de las causas más emblemáticas del terrorismo de Estado post-1973. Sin embargo, el contexto político en que ocurre revela que la impunidad no es solo una herencia del pasado, sino un proyecto activo del presente. Mientras los tribunales ordenan el ingreso a prisión de Haase Mazzei, desde el Congreso y el Ejecutivo se impulsan iniciativas que, de concretarse, vaciarían de sentido cada condena por violaciones a los derechos humanos.

La captura del último prófugo: lo que la justicia tarda en llegar

Nelson Haase Mazzei fue sentenciado en 2023 por la Corte Suprema a 25 años de presidio —15 años y un día por los homicidios calificados de Víctor Jara y Littré Quiroga, y 10 años y un día por los secuestros calificados de ambas víctimas. La sentencia definitiva confirmó lo que la investigación judicial había establecido: que Jara y Quiroga fueron separados del resto de los casi 5.000 prisioneros recluidos en el entonces Estadio Chile, llevados a la zona de camarines y sometidos a agresiones físicas y psicológicas antes de ser ejecutados. El cuerpo del cantautor presentaba 56 fracturas y 44 impactos de bala.

Haase Mazzei no se presentó a cumplir la condena. Durante casi tres años, el exoficial eludió a la justicia amparado en redes de protección que, como ha ocurrido con otros criminales de la dictadura, operan con una eficacia que contrasta con la precariedad de los programas de búsqueda de detenidos desaparecidos. Su captura fue posible gracias a una orden de arresto emitida por la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien dispuso su ingreso inmediato a prisión.

"Es un paso más contra la impunidad", declaró a la agencia EFE el historiador español Mario Amorós, biógrafo de Víctor Jara y autor de "La vida es eterna". Sus palabras resumen el sentimiento de las organizaciones de derechos humanos y de las familias que han sostenido esta lucha durante décadas. Pero también contienen una advertencia implícita: es un paso, no la llegada.

Una ofensiva parlamentaria contra la memoria

El mismo fin de semana en que Haase Mazzei era detenido, los diputados del Partido Republicano Javiera Rodríguez y Sebastián Zamora —este último, excarabinero absuelto de homicidio frustrado por el caso Pío Nono— iniciaban una ofensiva parlamentaria para solicitar apoyo emocional y financiero a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.

Entre los beneficiarios potenciales de esta iniciativa se encuentra Patricio Maturana, el exfuncionario de Carabineros condenado por disparar una bomba lacrimógena contra la senadora Fabiola Campillai, dejándola ciega. "Nosotros defendíamos el Estado de derecho y el Estado nos abandonó", afirmó el diputado Zamora, invirtiendo la relación entre víctima y victimario con un descaro que solo es posible cuando la impunidad se asume como proyecto político.

La maniobra no es aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia que incluye un proyecto de amnistía para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad por su actuación durante octubre de 2019, y la promesa de indultos que José Antonio Kast instaló desde su campaña presidencial. La diferencia jurídica entre indulto y amnistía es relevante: el primero es particular y presidencial; la segunda, general y parlamentaria. Pero su efecto político es idéntico: disolver la responsabilidad penal de quienes fueron condenados por homicidios, torturas, mutilaciones y violencia sexual.

Conviene recordar que, de las 11.506 denuncias presentadas ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, solo una fracción ha derivado en condenas efectivas. Quienes hoy impulsan estas iniciativas no buscan corregir una supuesta injusticia: buscan garantizar que el terrorismo de Estado, en sus formas pretéritas y contemporáneas, carezca de consecuencias legales.

La mirada internacional y el patrón de debilitamiento

El próximo 5 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará en Washington una audiencia solicitada por organizaciones chilenas para examinar las políticas del gobierno de Kast en materia de derechos humanos. Es la primera vez que la administración del líder republicano enfrenta este escrutinio internacional, y los antecedentes acumulados son contundentes.

Según ha documentado la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, el Ejecutivo ha implementado recortes presupuestarios que afectan al Programa de Derechos Humanos, al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y al Plan Nacional de Búsqueda. También se han registrado cambios en la representación judicial del Estado en causas por violaciones a los derechos humanos y modificaciones en las políticas de memoria histórica que ponen en riesgo sitios como la ex Colonia Dignidad.

"Estamos hablando de un patrón de debilitamiento de las capacidades del Estado para responder a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", señaló Paulina Zamorano, integrante de la Red, en conversación con Radio Universidad de Chile. La formulación es precisa: no se trata de omisiones aisladas, sino de una orientación sistemática que, desde la administración del presupuesto y la gestión administrativa, erosiona los pilares de la justicia transicional.

La agenda de seguridad que el gobierno enarbola como bandera entra así en colisión directa con los estándares internacionales que Chile está obligado a respetar. La CIDH deberá pronunciarse sobre si esta tensión es una discrepancia de criterios o una violación deliberada de los compromisos asumidos por el Estado chileno.

La detención de Nelson Haase Mazzei es, en efecto, un paso más contra la impunidad. Pero es un paso que se da en un terreno que otros, desde el poder político, se empeñan en minar. La justicia para Víctor Jara y Littré Quiroga llega medio siglo tarde; la pregunta que queda abierta es si las instituciones chilenas están dispuestas a garantizar que la memoria no sea solo un gesto simbólico, sino un límite material para quienes pretenden restaurar el olvido como política de Estado.