La cuenta que pagaremos todos: El costo real de la "Reconstrucción" de Quiroz

El relato es atractivo, pero los números no cuadran. La megarreforma del Ministro Jorge Quiroz, disfrazada de plan de reactivación, esconde una trampa fiscal que hipotecará nuestro futuro y beneficiará a unos pocos.

Cuando el gobierno del Presidente José Kast asumió, la promesa fue clara: orden fiscal y recuperación económica. Hoy, el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, nos presenta un paquete de medidas bajo el grandilocuente título de "Plan de Reconstrucción Nacional". Suena bien en los titulares: incentivos a la inversión, reactivación de la construcción y reducción de impuestos. Sin embargo, cuando se raspa la pintura de esta megarreforma, lo que queda al descubierto es un peligroso forado en las arcas fiscales que, como siempre, terminará afectando a quienes más dependen del Estado.

El corazón de la propuesta de Quiroz es una reducción gradual del impuesto de primera categoría para las grandes empresas (del 27% al 23%) y la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas. El ministro defiende a brazo partido que esto "no es una rebaja para los ricos", argumentando que liberará capital para la inversión y el empleo. Apela a un "cambio cultural" y a dejar de lado "las caricaturas". Pero los datos técnicos nos obligan a mirar más allá de la retórica.

Advertencias ignoradas

El problema no es querer crecer, es cómo se financia esa apuesta. Organismos técnicos de peso, empezando por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), han encendido las alarmas. La advertencia es clara: usar proyecciones inciertas de mayor crecimiento futuro para justificar recortes de impuestos inmediatos y certeros es, financieramente hablando, jugar a la ruleta rusa con el presupuesto nacional.

Incluso exministros y figuras de la propia coalición oficialista han expresado inquietud por la viabilidad financiera en los primeros años de aplicación de la reforma. Si las grandes empresas, que ya en 2025 explicaron el incumplimiento fiscal por su menor recaudación, pagan menos impuestos, ¿quién cubre ese déficit?

La respuesta del Ministro Quiroz ha sido actualizar las metas: abandonar la promesa de campaña de déficit cero y proyectar un déficit estructural del 1,5% del PIB para 2030. En la práctica, el gobierno está asumiendo que gastará más de lo que ingresa, recurriendo a deuda para financiar el día a día.

El espejismo del emprendimiento

El discurso oficial intenta blindar estas medidas hablando de reactivación y apoyo al emprendedor, pero la letra chica y el análisis estructural cuentan otra historia. Mientras los grandes conglomerados celebran una rebaja directa y multimillonaria en su carga tributaria, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) —el verdadero motor del empleo a nivel nacional y de las economías locales— quedan mirando desde la galería.

Hay que recordar que la gran mayoría de las Pymes opera bajo regímenes tributarios simplificados, por lo que esta reducción del impuesto corporativo general no mueve la aguja de su liquidez diaria. Por el contrario, sufren el efecto colateral: un Estado que asume un déficit mayor eleva el riesgo país, lo que inevitablemente presiona al alza las tasas de interés y encarece el crédito comercial que las Pymes necesitan para subsistir. Al final del día, terminan compitiendo en una cancha aún más dispareja, asumiendo el costo de un Estado más endeudado y con menor capacidad de inversión pública, todo para financiarle el alivio fiscal a los súper ricos.

El costo social del déficit

Aquí es donde la "reforma pro-crecimiento" muestra su verdadera y más cruda cara. Como bien han señalado voces desde la oposición y el mundo técnico: cuando aumenta la deuda y se profundiza el déficit fiscal, el costo se paga invariablemente con recortes sociales y menor presencia del Estado en los territorios.

Dejar de recaudar los cientos de millones de dólares que implica esta reforma significa menos recursos disponibles para:

• Reducir las listas de espera en salud.

• Mejorar la infraestructura en educación pública.

• Invertir en seguridad ciudadana de manera efectiva.

Es un modelo de "chorreo" reempaquetado, donde se espera que la menor tributación en la cúpula empresarial mágicamente se traduzca en bienestar general, mientras se vacían las arcas que sostienen el desarrollo y los derechos sociales de la gran mayoría de los chilenos.

Negociar y buscar el crecimiento es necesario, pero no a costa de la responsabilidad fiscal ni ignorando la evidencia. Si los propios técnicos advierten que los beneficios prometidos son una apuesta incierta mientras que la pérdida de recaudación es un hecho garantizado, no estamos ante un plan de desarrollo estratégico, sino ante un simple traspaso de riqueza. Señor Ministro, el país necesita certezas, pero no a cambio de una cuenta que terminarán pagando los mismos de siempre.