La hipoteca del futuro: El regreso de los privilegios tributarios en Chile

La reciente ofensiva legislativa del gobierno de José Kast ha puesto sobre la mesa una herramienta que muchos consideraban una reliquia del pasado: la invariabilidad tributaria. Al proponer contratos que congelan las condiciones impositivas por un periodo de 25 años para inversiones superiores a los 50 millones de dólares, el Ejecutivo no solo busca un incentivo económico, sino que reinstaura una lógica de relación entre el Estado y el gran capital que erosiona la soberanía democrática de las próximas décadas.

Esta medida guarda un parentesco genético ineludible con el Decreto Ley 600, pieza angular de la arquitectura económica de la dictadura de Augusto Pinochet. Al igual que en aquel entonces, se utiliza la figura del "contrato-ley" para blindar a ciertos contribuyentes frente a cualquier reforma futura. El problema de fondo no es la búsqueda de inversión, sino la renuncia del Estado a su potestad de adaptar la política fiscal a las necesidades sociales cambiantes. Al firmar estos acuerdos, el país se impone una camisa de fuerza; si dentro de diez años una crisis climática o una demanda social por salud pública exige una mayor contribución de los sectores más rentables, el Estado se encontrará con las manos atadas por compromisos adquiridos en 2026.

La crítica se intensifica al observar que esta versión de la invariabilidad es incluso más ambiciosa que su antecesora. Mientras que el DL 600 se diseñó para atraer capitales extranjeros en un momento de extremo aislamiento internacional, la propuesta actual extiende el beneficio a los grandes capitales nacionales. Esto genera una distorsión profunda en el mercado local, creando una casta de empresas protegidas que no asumen los riesgos de los cambios regulatorios, mientras que la pequeña y mediana empresa, motor de la economía, queda expuesta a cualquier alza de impuestos que el Estado decida implementar para compensar lo que deja de recaudar de los grandes proyectos.

En última instancia, el argumento de la "certeza jurídica" esgrimido por el oficialismo parece ser una fachada para legitimar un subsidio implícito. La verdadera estabilidad de una nación no emana de contratos inamovibles que benefician a un grupo selecto, sino de instituciones legítimas y un pacto social sólido. Al hipotecar la política tributaria de los próximos seis gobiernos, el proyecto de Kast no solo desafía la lógica de la equidad, sino que envía el mensaje de que las reglas del juego democrático están subordinadas a la comodidad del gran inversor, reviviendo un modelo de desarrollo que prioriza el enclave corporativo por sobre la soberanía ciudadana.