La invariabilidad tributaria: el blindaje de Kast al gran capital y la fractura que desnuda a la oposición

La tramitación de la Ley Miscelánea en el Congreso no es un trámite más. Es el escenario donde se está definiendo algo más profundo que un paquete de modificaciones legales: el modelo de desarrollo que Chile tendrá durante la próxima década. En el centro de la disputa, la llamada "invariabilidad tributaria" emerge como el mecanismo jurídico que el gobierno de José Antonio Kast busca consagrar para blindar a los grandes proyectos extractivos frente a cualquier intento futuro de aumentar su carga impositiva. Mientras el Partido Socialista anuncia su requerimiento ante el Tribunal Constitucional, la oposición exhibe sus fracturas internas con una honestidad casi obscena: entre quienes buscan diferenciarse del gobierno y quienes ya se instalaron cómodamente en la lógica del "diálogo responsable", el bloque que debería fiscalizar se desdibuja. Pero más allá de la táctica parlamentaria, lo que está en juego es la renuncia del Estado a su potestad regulatoria en un momento donde el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar la proyección de crecimiento de Chile a un magro 1,8% y exige, paradójicamente, "esfuerzos fiscales adicionales".

El candado fiscal: qué es y a quién protege

La invariabilidad tributaria que el Ejecutivo pretende consagrar en esta megarreforma no es un concepto nuevo en la legislación chilena, pero su alcance actual representa un salto cualitativo. En esencia, se trata de una garantía legal que impide modificar las reglas del juego tributario para las empresas que se acojan a ella durante un período de 25 años. Lo que en el papel se presenta como un incentivo a la inversión, en la práctica opera como un seguro de impunidad: las compañías que hoy negocian sus proyectos bajo este paraguas legal quedarán inmunizadas frente a cualquier reforma tributaria progresiva que un futuro gobierno pudiera impulsar.

Según ha reportado DF Diario en el seguimiento de la tramitación, los sectores que se perfilan como principales beneficiados son precisamente aquellos que históricamente han concentrado los mayores conflictos socioambientales y las rentabilidades más cuestionadas: la gran minería del cobre y el litio, los proyectos energéticos de gran escala y las plantaciones forestales que han transformado el paisaje del sur de Chile. No se trata de proteger al pequeño emprendimiento ni a la innovación tecnológica: se trata de garantizar que las mismas empresas que hoy extraen recursos naturales no renovables mantengan sus actuales tasas efectivas de tributación, independientemente de lo que la ciudadanía decida en las urnas durante los próximos seis períodos presidenciales.

El ministro de Hacienda, Quiroz, ha defendido la técnica legislativa argumentando que sin estas certezas jurídicas la inversión simplemente no llega. Es el mismo argumento que se esgrimió durante el auge del extractivismo en los noventa y que el ciclo de movilizaciones sociales de la última década demostró insostenible: la promesa del derrame nunca se cumplió, pero las utilidades sí encontraron su camino hacia los paraísos fiscales.

La fractura opositora: entre la conciencia y el cálculo

El anuncio del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la invariabilidad tributaria ha remecido el tablero político. La pregunta que recorre los pasillos del Congreso es si se trata de una convicción profunda o de un gesto táctico para marcar distancia frente a un electorado progresista que observa con creciente desconfianza la colaboración de ciertos sectores de la oposición con la agenda de Kast.

La respuesta, probablemente, contenga ambas dimensiones. El PS arrastra el desgaste de haber sido el principal sostén de la gobernabilidad durante el gobierno de Boric, alienando a su base más progresista. Hoy, frente a un gobierno de derecha dura, la ida al TC es un intento desesperado por reconstruir un perfil diferenciador y borrar su propio prontuario de pragmatismo. Pero la jugada no es gratuita: tensiona directamente al Socialismo Democrático, ese espacio que comparte con el PPD y sectores de la DC que han mostrado mayor disposición al diálogo con el Ejecutivo.

Las reuniones de la mesa de diálogo impulsada por los sectores moderados de la oposición quedan ahora bajo sospecha. ¿Dialogar para qué? ¿Para legitimar un mecanismo que renuncia a la soberanía fiscal durante 25 años? Las declaraciones recogidas por Cooperativa y La Tercera muestran a una DC dividida entre su ala más institucionalista y quienes advierten que colaborar con este blindaje tributario puede ser el clavo final en un ataúd electoral que ya parece estar cerrándose.

El contrapunto del FMI: ajuste para los hogares, invariabilidad para el capital

El ángulo más revelador de esta disputa lo aporta el reciente informe del Fondo Monetario Internacional que Ciper Chile dio a conocer: el organismo rebajó la proyección de crecimiento de Chile a 1,8% para este año y exigió "esfuerzos fiscales adicionales" al gobierno. La traducción concreta de esa exigencia, leída en clave de derecha, ya la conocen los hogares chilenos: el gobierno toma del FMI la receta del recorte del gasto público, pero ignora olímpicamente su recomendación de aumentar la recaudación... En su lugar, ofrece invariabilidad tributaria a las empresas que explotan recursos naturales no renovables. Es decir, se renuncia por adelantado a cualquier posibilidad de aumentar la recaudación sobre los sectores más rentables de la economía, al mismo tiempo que se exige apretar el cinturón a quienes dependen de los servicios públicos.

La pregunta que La Chispa Sur plantea es si Chile puede permitirse este lujo ideológico. La experiencia comparada muestra que los países que han logrado financiar Estados de bienestar robustos —los nórdicos, pero también economías como la alemana o la canadiense— lo hicieron precisamente porque mantuvieron su capacidad de ajustar la carga tributaria sobre el capital cuando las circunstancias lo requirieron. Renunciar a esa herramienta durante 25 años no es crear un clima de inversión: es hipotecar la democracia fiscal.

Lo que se juega en esta megarreforma no es un detalle técnico. Es la consolidación de un modelo de Estado subsidiario que se ata las manos frente al gran capital mientras descarga el peso del ajuste sobre las mayorías. La ida al TC del PS puede ser insuficiente, puede ser tardía, puede incluso ser oportunista. Pero al menos tiene la virtud de nombrar el problema: hay un blindaje en curso y alguien debe detenerlo.

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Fuentes consultadas / sugeridas:

- DF Diario: Notas sobre la Ley Miscelánea y el anuncio del Socialismo Democrático

- Cooperativa y La Tercera: Cobertura de la pugna política entre partidos de oposición y declaraciones del ministro Quiroz

- Ciper Chile: Reporte sobre el FMI rebajando la proyección de crecimiento a 1,8% y exigiendo esfuerzos fiscales adicionales