La "mano invisible" frente al temporal: el fracaso del Estado subsidiario en la emergencia climática

El reciente sistema frontal que azotó a Chile desde Atacama hasta La Araucanía no fue solo un fenómeno meteorológico extremo. Fue un espejo implacable que reflejó las costuras rotas del modelo de Estado que el gobierno de José Antonio Kast defiende con celo doctrinario. Mientras el lodo cubría campos pisqueros, poblaciones obreras y faenas mineras en la alta cordillera, desde Santiago el discurso oficial oscilaba entre la minimización de los daños y la urgencia por blindar una "megarreforma" que promete, como eje central, rebajas de impuestos corporativos y flexibilidad laboral.

El saldo, al cierre de esta semana, era demoledor: 13 personas fallecidas, más de 3.000 damnificadas, 200.000 sin agua ni electricidad y pérdidas económicas estimadas en 400 millones de dólares, según reportó El Siglo. Pero más reveladora aún fue la respuesta política. Según la encuesta Panel Ciudadano UDD publicada por El Mercurio, un 43% de la ciudadanía calificó como «malo» el desempeño del Presidente Kast durante la emergencia. La autodenominada «administración de emergencia» falló, precisamente, en una emergencia.

La agricultura familiar contra el desdén ministerial

El momento más gráfico de la desconexión entre el gabinete y el territorio lo protagonizó el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Consultado por los efectos del temporal en la zona pisquera, el secretario de Estado declaró que «no hay daños estructurales en la agricultura chilena» y añadió, con inquietante ligereza: «Hasta donde yo tengo conocimiento, en esta época del año no hay uvas en las parras». La respuesta, como registró Radio Universidad de Chile, no se hizo esperar. Mauricio Stay, presidente de la Cooperativa Control Pisquero, calificó sus dichos como «una insolencia y una ignorancia absoluta» y sentenció: «No se puede medir una catástrofe sentado en una oficina con aire acondicionado en Santiago».

El choque no es anecdótico: revela dos maneras antagónicas de entender el rol del Estado. Para Campos, la ausencia de fruto en la parra equivale a ausencia de daño. Para los cooperados de Control Pisquero y Capel —esta última con cuatro plantas detenidas y cerca de 200 productores afectados, según reporteó DF Diario—, la catástrofe se mide en sistemas de riego destruidos, canales de conducción inutilizados e infraestructura productiva comprometida que hipoteca la temporada siguiente. La agricultura no termina con la vendimia; continúa con la poda, la reparación y la preparación del suelo. Desconocerlo es, como denunció Stay, «ningunearlos en base a la ignorancia y el desatino».

Esta fractura tiene raíces históricas. El modelo subsidiario, que el gobierno de Kast busca profundizar con su proyecto de reconstrucción, concibe al Estado como un ente que solo debe intervenir cuando el mercado falla estrepitosamente. El problema es que, cuando la falla es una inundación que arrasa con caminos rurales, viviendas y parrones, la «mano invisible» no llega ni con pala ni con recursos. Llega tarde, mal y minimizando.

La paradoja extractivista: cobre detenido, trabajadores aislados

El temporal también paralizó el corazón extractivo del modelo económico chileno. Como reporteó DF Diario desde su edición internacional, la minera canadiense Lundin Mining suspendió operaciones en su faena Caserones, en Atacama, debido a las nevadas que interrumpieron el suministro eléctrico. Antofagasta Minerals detuvo durante días el procesamiento en Los Pelambres. Codelco, la principal empresa estatal, también reportó interrupciones temporales en yacimientos como El Teniente.

La imagen más cruda la entregó Barrick Chile: 39 trabajadores quedaron aislados en los campamentos de Barriales y Potrerillos, en plena alta cordillera del Huasco, y debieron ser evacuados en helicóptero tras «días difíciles debido a las condiciones climáticas extremas», según confirmó Cooperativa. La compañía aseguró que los trabajadores tenían suministro eléctrico, agua y alimentos. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿qué hace un campamento minero en una zona donde una nevada extrema —cada vez más frecuente por el cambio climático, como advirtió el exministro Carlos Cruz en El Mostrador— puede dejarlos incomunicados durante días?

La paradoja es doble. Por un lado, el mismo modelo que enarbola la minería como palanca de desarrollo es vulnerable a los eventos climáticos que el propio extractivismo ayuda a profundizar. Por otro, mientras el gobierno prioriza en su agenda legislativa las rebajas de impuestos corporativos —eje central del proyecto de «Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social» aprobado esta semana, según detalló DF Diario—, los recursos para infraestructura resiliente, defensas fluviales y planificación territorial brillan por su ausencia en el debate presupuestario.

Como recordó Carlos Zeppelin, vicepresidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, en una carta publicada por La Tercera, el Banco Mundial estima que una inversión equivalente al 1% del PIB anual permitiría reducir significativamente los costos de futuros desastres. Pero esa discusión no aparece en la «megarreforma». Aparecen, en cambio, exenciones de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores —medida que, aunque necesaria, desfinancia el Fondo Común Municipal y deja a las comunas más pobres con menos herramientas para la reconstrucción local—.

Un sur favorecido pero desigual: la prevención que nunca llega

Las lluvias, es cierto, trajeron alivio hídrico a una zona extensa que va del Norte Chico a Los Lagos, como consignó La Tercera en su balance post-temporal. Los caudales de ríos como el Lircay aumentaron y la nieve acumulada en la cordillera mejoró las perspectivas para la agricultura de temporada. Pero ese beneficio no se distribuye con equidad ni se traduce automáticamente en resiliencia para las comunidades rurales.

En La Araucanía y el Biobío, regiones históricamente postergadas en la inversión pública estructural, las lluvias intensas también provocaron aislados, cortes de caminos y daños en viviendas precarias. La lógica del Estado subsidiario actúa por reacción: llega cuando la tragedia ya ocurrió, no antes. Y cuando llega, lo hace con un proyecto de reconstrucción que, en los hechos, compite con la urgencia de recuperar la infraestructura destruida. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, lo sintetizó en El Siglo con una frase que condensa el malestar acumulado: «Un país se mide por cómo trata a los suyos cuando están en el suelo, no por entregar rebajas de impuestos a los de siempre».

La contradicción es flagrante. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerraba la tramitación de su reforma estrella con un 63% de desaprobación ciudadana, según la encuesta Descifra publicada por La Tercera, la misma ciudadanía valoraba con un 91% de aprobación la labor de Bomberos y con un 82% la de Carabineros durante la emergencia, de acuerdo al Panel Ciudadano UDD. La lección es nítida: la sociedad chilena distingue con claridad entre quienes se ensucian las manos en el barro y quienes diseñan políticas públicas desde la abstracción ideológica.

El sistema frontal que vivió Chile no será el último. Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, advirtió en El Mostrador que «no hemos tomado suficiente conciencia de la profundidad del cambio climático» y que estos eventos «dejarán de ser excepcionales». La pregunta que queda flotando es si el Estado chileno está dispuesto a transformar esa advertencia en inversión preventiva, en planificación territorial vinculante y en protección real para las economías locales, o si seguirá confiando en que la «mano invisible» del mercado va a reconstruir los canales de regadío y a reparar los parrones que el río Elqui arrastró hasta las playas de La Serena.

Hasta ahora, la evidencia sugiere lo segundo.