La "Red de Pitutos": El entramado de influencias que sacude al GORE de La Araucanía

Lo que comenzó como una arista regional del "Caso Convenios" ha mutado en una de las investigaciones de corrupción más grandes en la historia de la Región de La Araucanía. Bajo la administración del ex gobernador Luciano Rivas, se tejió un complejo sistema de traspasos directos que, según el Ministerio Público y reportajes de BioBioChile y CIPER, benefició sistemáticamente a un círculo de familiares, amigos y operadores políticos.

El epicentro: Fundación Local

La pieza clave del puzzle es la Fundación Local. Esta organización recibió la aprobación de convenios por un total cercano a los $9.000 millones para ejecutar proyectos de reciclaje en la región. Aunque el estallido del escándalo a nivel nacional permitió congelar gran parte de estos fondos, se alcanzaron a transferir efectivamente $2.113 millones, dinero cuyo destino hoy es rastreado por la Fiscalía de Alta Complejidad.

El mapa del nepotismo y las influencias

La investigación de BBCL Investiga reveló que los vínculos entre el GORE y la fundación no eran meras coincidencias, sino una red de parentesco y lealtades políticas:

• Vínculos por afinidad: El tesorero de la Fundación Local, Víctor Albornoz, es esposo de una prima de la mujer de Luciano Rivas. Además, su hermano, Andrés Albornoz, no solo fue asesor jurídico del gobernador, sino que también tuvo un rol activo en su campaña electoral.

• Conflicto de interés en campaña: Se detectó que empresas vinculadas a los directivos de la fundación arrendaron vehículos para el despliegue territorial de Rivas durante su candidatura.

• Círculo de confianza: El esquema incluía a parejas de altos funcionarios, como la del entonces jefe de gabinete, quienes ocupaban puestos clave dentro de la estructura de la fundación que recibía los fondos públicos.

Un "Modus Operandi" de elusión

Según testimonios de la causa, el objetivo de la administración era "quemar el presupuesto". Para evitar que Hacienda recortara fondos al año siguiente por baja ejecución, se habrían aprobado proyectos con escasa fiscalización. Esto permitió que personas del entorno político fueran contratadas bajo la figura de "asesores" o "personal de apoyo", muchas veces sin realizar funciones reales o con sueldos inflados.

Incluso se han reportado episodios de obstrucción a la justicia, donde imputados confesaron haber destruido o "extraviado" sus teléfonos celulares antes de ser incautados, buscando borrar evidencia de las coordinaciones vía WhatsApp.

El "Hoyo Negro" de los $80 mil millones

Si bien el caso de la Fundación Local es el más documentado, la salida de Rivas y la llegada de la nueva administración de Manuel Saffirio en 2025 ha abierto una caja de Pandora aún mayor. Auditorías preliminares sugieren que existen cerca de $80.000 millones cuya rendición es inexistente o irregular, lo que ha llevado a las autoridades actuales a calificar la estructura anterior como una verdadera organización dedicada al desvío de caudales públicos.

Actualmente, Luciano Rivas mantiene su calidad de imputado. Mientras la justicia avanza, el caso se erige como el símbolo del daño que el clientelismo y la falta de control administrativo pueden causar en la descentralización del país.