La salud como botín: Isapres revierten pérdidas a costa del control de licencias médicas

Mientras las aseguradoras privadas de salud celebran utilidades por más de 34 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2026, los trabajadores de la salud pública marchan por las calles exigiendo recursos para un sistema al borde del colapso. La paradoja es tan brutal como reveladora: el mismo mecanismo que devolvió a las Isapres a los números azules —la drástica reducción del gasto en licencias médicas— es el que profundiza la precariedad de miles de trabajadores enfermos que ven rechazados sus subsidios. No se trata de eficiencia, sino de una transferencia silenciosa: el dinero que antes llegaba a los cotizantes como subsidio por incapacidad laboral ahora se acumula como ganancia para el sector asegurador privado.

Los balances son elocuentes. Según reportó la Superintendencia de Salud y fue recogido por DF Diario, las Isapres pasaron de pérdidas a una utilidad conjunta de $34.091 millones en tan solo un año. La clave de esta transformación no fue una mejora en la gestión clínica ni una expansión de coberturas, sino lo que los analistas han bautizado como el “efecto Dorothy”: una contracción del 23% en el costo por subsidios de incapacidad laboral (SIL). La Tercera-Pulso detalló la magnitud del ajuste: el gasto en licencias médicas cayó de $188.532 millones a $144.634 millones en el período. Casi 44 mil millones de pesos que dejaron de fluir hacia los trabajadores enfermos y que explican, en lo fundamental, el giro hacia las utilidades.

El “efecto Dorothy”: cuando la fiscalización se vuelve política de rentabilidad

El término “efecto Dorothy” (en referencia a la contralora general Dorothy Pérez) alude a una política sistemática de cruce de datos y fiscalización masiva de licencias médicas, impulsada por las aseguradoras con la venia regulatoria. El mecanismo es conocido: controles más estrictos, segundas revisiones médicas, cuestionamientos administrativos a los diagnósticos y una presión constante sobre los facultativos que emiten las recetas de reposo. La pauta lo define sin rodeos: se trata de una tensión deliberada sobre la relación médico-paciente que, en los hechos, restringe el acceso de los trabajadores a un derecho consagrado.

La pregunta que emerge no es técnica, sino política: ¿quién define qué es “abuso” y qué es enfermedad legítima? La línea editorial de La Chispa Sur ha documentado cómo la categoría de “abuso de licencias” ha operado históricamente como un dispositivo de control sobre los cotizantes, deslegitimando el malestar de los trabajadores mientras protege las utilidades de las aseguradoras. Lo que las cifras del primer trimestre revelan es que ese control no solo tiene efectos disciplinantes, sino que constituye una fuente directa de rentabilidad: cada licencia rechazada es un costo que la Isapre no asume y que engrosa sus balances.

Cabe entonces preguntarse por el costo humano de esta política. Los $44 mil millones que las Isapres ahorraron en subsidios representan ingresos que miles de trabajadores enfermos dejaron de percibir durante su período de recuperación. La hipótesis editorial que proponemos —y que merece una investigación más profunda— es que esta presión sobre los cotizantes no ha eliminado el “abuso” (si es que alguna vez existió en la magnitud alegada), sino que ha trasladado el costo de la enfermedad desde la aseguradora hacia el trabajador, que ahora enfrenta períodos sin ingresos o con ingresos mermados mientras tramita apelaciones y contrapericias.

La salud pública: movilización sin recursos, recursos sin destino

Mientras el sector asegurador exhibe sus utilidades, la salud pública atraviesa una tormenta que combina déficit estructural, listas de espera que no ceden y un malestar gremial que desbordó hacia las calles. El Siglo reportó una “Masiva movilización por el fortalecimiento de la Salud Pública”, donde trabajadores y trabajadoras de la red asistencial denunciaron la falta crónica de recursos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y un trato desigual respecto al sector privado.

La contradicción no es casual: es estructural. El sistema de salud chileno opera bajo una lógica de segmentación donde la capacidad de pago define la calidad de la atención. Las Isapres captan a la población de menores riesgos sanitarios y mayores ingresos, mientras el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) —y con él, la red pública— asume la carga de los sectores más vulnerables y con mayor morbilidad. En ese esquema, cada peso que las Isapres ahorran en licencias y convierten en utilidad es un peso que no se redistribuye para fortalecer la capacidad del sistema en su conjunto.

La pregunta editorial que planteamos es directa: ¿por qué el excedente generado por el control del gasto en licencias no se traduce en menores precios de los planes de salud para la ciudadanía? ¿Por qué no se refuerza el Fondo Nacional de Salud con esos recursos que, en rigor, provienen de cotizaciones de seguridad social? La respuesta —y en esto el artículo editorializa sobre la base de los datos disponibles— apunta a la naturaleza misma del negocio asegurador: la rentabilidad no es un efecto secundario, sino el fin último de entidades que, pese a administrar recursos de la seguridad social, operan con lógica de mercado.

La trampa del argumento del “abuso”

Es en esa tensión donde La Chispa Sur sitúa su mirada crítica. La narrativa del “abuso de licencias” ha sido funcional a un proceso de transferencia de recursos desde los cotizantes hacia las aseguradoras. No se trata de negar la existencia de fraudes puntuales —que los hay y deben fiscalizarse—, sino de advertir cómo la categoría de “abuso” se ha expandido hasta convertirse en una herramienta de control que opera contra el conjunto de los trabajadores, incluyendo a quienes legítimamente necesitan reposo por condiciones de salud física o mental.

Las cifras del primer trimestre de 2026 no son una anomalía: son la expresión cuantificada de una política que el sistema de Isapres ha venido perfeccionando. Lo que cambió no fue la salud de los cotizantes, sino la capacidad de las aseguradoras para rechazar sus licencias. Y el resultado no fue un sistema más “sustentable”, sino utilidades que no se reinvierten en mejor atención ni en menores precios.

La movilización de los trabajadores de la salud pública, en cambio, plantea una demanda de sentido contrario: que los recursos de la seguridad social se orienten a fortalecer la red asistencial que atiende a la mayoría de la población. La comparación entre los $34.091 millones de utilidades de las Isapres y los hospitales públicos que carecen de insumos básicos no necesita adjetivos: es un hecho político que habla por sí mismo.

El debate de fondo, sostiene esta pauta editorial, no se agota en la fiscalización de licencias ni en la eficiencia de las Isapres. Lo que está en juego es la definición misma de la salud como derecho o como negocio. Mientras el sistema permita que el ahorro en prestaciones se convierta en utilidades privadas, las movilizaciones por la salud pública seguirán siendo el síntoma de una contradicción que las cifras trimestrales —por muy azules que sean— no podrán ocultar.

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Fuentes consultadas / sugeridas:

- DF Diario: reporte sobre balances del primer trimestre de 2026 de las Isapres, con utilidad conjunta de $34.091 millones y atribución del resultado a la caída en el costo de subsidios por incapacidad laboral.

- La Tercera – Pulso: nota “Isapres ganaron $31 mil millones en el primer trimestre…”, con detalle de la baja del gasto en licencias desde $188.532 millones a $144.634 millones.

- El Siglo: cobertura de la masiva movilización de trabajadores de la salud pública por el fortalecimiento de la red asistencial.