La trastienda de la megarreforma: Cuando la urgencia se convierte en chantaje político

La secuencia fue tan vertiginosa como reveladora. El miércoles, tres senadores del PPD sellaban un acuerdo con el Ejecutivo por la invariabilidad tributaria. El jueves por la noche, el Ministerio de Hacienda ingresaba una indicación sorpresiva que rebajaba el impuesto corporativo del 23% al 22%. El viernes, el pacto ya estaba muerto. En menos de 72 horas, el Gobierno logró lo que parecía imposible: dinamitar su propio acuerdo y confirmar que, en la tramitación de esta megarreforma, la confianza es la primera víctima.

Pero reducir este episodio a un mero conflicto de pasillos o a una torpeza ministerial sería un error de óptica. Lo que revela el "timo de Quiroz", como lo bautizó la bancada del PPD según reportó El Mostrador, es un modus operandi sistemático: la utilización de una emergencia nacional —la reconstrucción post-incendios— como ariete para aprobar, sin el debido debate democrático, un paquete de medidas de alto impacto que reconfiguran las relaciones entre el capital y el trabajo, entre la inversión y el patrimonio, entre el mercado y el Estado.

Cronología de una ruptura anunciada

El acuerdo alcanzado el miércoles por los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal con el ministro Jorge Quiroz contemplaba una sobretasa de 1,5 puntos sobre un impuesto corporativo que se reduciría gradualmente hasta el 23%. La indicación que rebajaba la tasa al 22% no formaba parte de lo conversado. "La tasa de impuesto de 22% nunca estuvo en la mesa de negociación", declaró Araya a TVN, mientras Celis advertía que la medida implicaba una recaudación fiscal "significativamente menor" y que, en esas condiciones, "no hay acuerdo".

La respuesta del ministro Quiroz osciló entre la justificación técnica y la minimización del conflicto. Primero aseguró que la rebaja al 22% "lo había dicho en entrevistas previas" y que "aquí no hay pillería", para luego, tras una intervención del ministro del Interior Claudio Alvarado, retirar las indicaciones y reponer el 23%. Pero el daño ya estaba hecho. Como señaló el presidente del PPD, Raúl Soto: "el Gobierno traicionó la confianza y su propio compromiso, y ha demostrado una vez más que no es confiable a la hora de buscar acuerdos".

La jugada no solo tensionó a la oposición. Según reportó Radio Universidad de Chile, el retiro de la indicación generó molestia en sectores del oficialismo. El senador Rojo Edwards manifestó su "total rechazo al retiro de estas indicaciones", evidenciando que la maniobra original contaba con respaldo en las filas gubernamentales y que la marcha atrás fue una concesión forzada, no una convicción.

Lo que la velocidad esconde

Mientras la atención pública se concentraba en el culebrón del impuesto corporativo, el contenido sustantivo de la megarreforma avanzaba con menos reflectores de los que merecía. La senadora Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, lo calificó como una tramitación "a mata caballo", advirtiendo que el proyecto "pasó por menos comisiones de las que correspondían" y que contiene materias tan diversas como reconstrucción, inteligencia artificial y régimen tributario que debieron tramitarse por separado.

El análisis de CIPER Chile ha sido particularmente agudo en develar lo que se esconde bajo el lenguaje tecnocrático de la "racionalización" y el combate a la "permisología". La reforma al régimen de permisos arqueológicos, por ejemplo, crea una categoría de "intervenciones menores" que podrían ejecutarse sin autorización previa y establece plazos fatales ante hallazgos arqueológicos. Como advirtió el investigador citado por CIPER, "un país que sacrifica su patrimonio en nombre de la rapidez no se desarrolla: se empobrece".

En materia laboral, la Central Unitaria de Trabajadores fue categórica. Su presidente, José Manuel Díaz, denunció que las 22 propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral constituyen "una agenda encubierta de un nuevo plan laboral" que busca flexibilizar aún más las relaciones laborales. "Precarizando no se aumenta la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores accedan a un empleo", afirmó Díaz, quien anunció que la CUT ya elabora una propuesta alternativa ante lo que considera un intento de "deslegitimar la opinión del mundo sindical".

En cuanto a la inversión extranjera, según detalló Radio Universidad de Chile, el proyecto original contemplaba 25 años de invariabilidad tributaria para inversiones superiores a US$50 millones. La nueva redacción establece un sistema escalonado que va desde 10 hasta 20 años según el monto, pero mantiene la lógica de fondo: amarrar la política fiscal durante décadas para atraer capital foráneo, limitando la capacidad del Estado de modificar sus propias reglas tributarias en función de las necesidades cambiantes de la ciudadanía.

El modelo en disputa

Lo que subyace a esta forma de legislar —con urgencias forzadas, acuerdos rotos y materias misceláneas que impiden un debate pormenorizado— es una concepción particular sobre la democracia y el rol del Estado. La presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, advirtió recientemente en El Siglo que "el ecosistema de medios en Chile atraviesa una profunda crisis" y que "el mayor desafío no es tecnológico, sino democrático". Sus palabras resuenan más allá del ámbito comunicacional: lo que está en juego es la capacidad del sistema político para procesar democráticamente las transformaciones estructurales.

La primera Encuesta ICSOH-UDP sobre clima social, publicada por CIPER Chile, ofrece un contrapunto revelador. El 80% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el país atraviesa una emergencia económica, pero solo el 25% cree que las medidas propuestas para enfrentarla beneficiarán a la mayoría. La mayoría demanda un Estado garante del bienestar, aunque también exige mayor eficiencia. Como señalan los autores del estudio, "la pregunta clave no es si el Estado debe garantizar o no el bienestar, sino cuánto mercado cabe dentro de esa garantía, quién paga por ella y, sobre todo, si el Estado será capaz de estar a la altura de lo que la ciudadanía le exige".

La megarreforma parece responder a esa pregunta de manera inequívoca: más mercado, menos garantías, y un Estado que se autolimita en su capacidad de acción futura. El problema no es solo el contenido de las medidas, sino el método para imponerlas. Cuando el "sentido de urgencia" se convierte en la coartada para evitar el escrutinio democrático, la emergencia deja de ser una circunstancia objetiva y se transforma en una herramienta de chantaje político.

El proyecto seguirá su tramitación el lunes en la Comisión de Hacienda del Senado. El miércoles se votará en sala. La oposición anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional. Pero más allá del desenlace institucional, lo que este episodio ha dejado al desnudo es un modo de ejercer el poder que trata la deliberación democrática como un obstáculo y no como el fundamento mismo de la legitimidad para gobernar.