«Nada que ver con las fuerzas militares»: el documento que EE.UU. publicó tras la firma de Kast dice otra cosa

El martes 22 de septiembre, en plena Asamblea General de Naciones Unidas y mientras el Presidente José Antonio Kast cumplía agenda en Nueva York, Cancillería confirmó lo que hasta entonces no había sido objeto de debate público: Chile adhería al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Donald Trump. El comunicado oficial la presentó como un «marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos», con beneficios acotados: acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y mejor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú.

La pieza central del relato oficial la puso el canciller Francisco Pérez Mackenna: el Escudo «no tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares». «Pueden estar muy tranquilos», agregó, invocando los artículos 6 y 13 del documento y subrayando que la bajada de cada país depende de su propia voluntad. El vicepresidente Claudio Alvarado insistió en la misma línea: «Aquí no estamos hablando de acciones operativas, de ingresos de fuerzas militares de otros países. Estamos hablando de un acuerdo de carácter político».

El problema es que existe otro papel. Según dio a conocer La Tercera, la declaración difundida por Estados Unidos tras la adhesión chilena incluye la intención de convocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y abre la opción de cooperación militar. El excanciller Mariano Fernández fue directo: ese camino puede terminar en que Washington pida a Chile «un acuerdo para el ingreso de tropas norteamericanas con inmunidad», y acusó a La Moneda de «faltar la verdad a la opinión pública».

El contraste que el comunicado no muestra

El propio canciller intentó zanjar la contradicción negando el TIAR de plano. Pero la declaración conjunta difundida por la Casa Blanca no habla solo de intercambio de información. Allí se anunció la primera acción colectiva del bloque: 24 organizaciones declaradas «narcoterroristas transnacionales», entre ellas el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el PCC y el Comando Vermelho, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, Los Choneros, el ELN, Sendero Luminoso y las disidencias de las FARC. El documento compromete, «según proceda», congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visados, y responsabilidad penal para quienes presten apoyo material a esas organizaciones.

El contraste entre ambos relatos lo resumió Fernández: «Lo que le comunica el gobierno chileno a la opinión pública chilena no es lo que aparece en el comunicado conjunto de los Estados». Y la mención del TIAR no es un detalle semántico. Como es sabido, se trata del tratado de asistencia recíproca firmado en 1947, un instrumento de defensa militar colectiva, no un convenio de cooperación policial; en 1982 Argentina lo invocó sin éxito frente a la guerra de Malvinas y en 2001 Estados Unidos lo activó tras los atentados del 11 de septiembre. Que el texto lo nombre, en el marco de una alianza operada por el Comando Sur, es precisamente lo que el Ejecutivo evita leer en voz alta.

Seis días antes: «será difícil restarse»

La forma en que se adoptó la decisión tampoco ayuda a la tesis de la simple coordinación técnica. Una semana antes del viaje, en el Edificio Carrera de Teatinos, Pérez Mackenna reunió a un grupo de excancilleres para pedirles opinión sobre la relación con Estados Unidos. Allí planteó que «será difícil restarse» de la iniciativa. Según tres asistentes citados por La Tercera, la mayoría manifestó su oposición: «Es una alianza militar con brazo operativo», relató uno de ellos. Fernández confirmó el episodio: el canciller les dijo que «era muy difícil para Chile no suscribir el tratado del Escudo de las Américas». Días después, el gobierno firmó igual en Nueva York.

De ahí que la discusión se haya trasladado al Congreso. El Frente Amplio calificó la adhesión de «acto de sumisión que rompe con la línea de Estado»; el PS la consideró una «pésima señal» y exigió transparentar «íntegramente las conversaciones, documentos y compromisos asumidos», recordando que «la soberanía de Chile no se negocia». El PPD fue más gráfico: «Los chilenos no queremos ver bombardeos de la Marina de Estados Unidos contra barcos de pescadores frente a Coquimbo, Iquique o Arica». Cabe precisar, como contexto institucional, que la Constitución exige aprobación del Congreso para los tratados internacionales; el debate es si este instrumento, por su naturaleza y alcance, debe someterse a ese trámite. El lunes, el diputado socialista Nelson Venegas interpelará al canciller en la Cámara, y el Senado también lo convocó a explicar los alcances.

Ni siquiera el oficialismo cierra filas sin matices. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), respaldó el objetivo general pero advirtió: «Ojo con las intervenciones, la soberanía no se puede perder». Y reconoció que falta definir «cuáles son los compromisos específicos» y «qué tipo de cooperación será solicitada o desarrollada».

Lula, China y la CPI: el tablero que el Escudo reorganiza

El dato más elocuente llega desde Brasil. Según Folha de São Paulo, el gobierno de Lula fue «tomado por sorpresa» por la declaración que designa al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, emitida semanas antes de las elecciones brasileñas. Lula respondió en la ONU: «No necesitamos portaaviones que vigilen nuestras aguas. Necesitamos cooperación para detener el flujo de armas y dinero que alimenta el crimen».

No es el único flanco. El Mostrador consigna que en la cumbre de Panamá de agosto de 2026 el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pidió a los ministros de Defensa de la región rechazar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y abandonar el Estatuto de Roma, en paralelo al intento de restringir la presencia e inversiones chinas en el hemisferio. La Moneda, por su parte, salió a despejar el frente comercial: Alvarado aseguró que «no está en juego la relación con China», aun cuando el pilar económico del acuerdo habla de «proveedores confiables» y de evaluar inversiones.

El académico Gilberto Aranda advirtió que la iniciativa implica «costos geopolíticos y comerciales» y que «debió ser un tema más discutido entre los sectores políticos». Recordó además que el antecedente inmediato es Lanza del Sur y que en Ecuador sí hubo operaciones conjuntas con efectivos estadounidenses: «Una cosa es intercambiar información y otra cosa son operaciones conjuntas en territorio nacional». Desde el PC y las JJCC la posición fue tajante: «Ni cómplices de la ocupación ni subordinados a Washington».

Leído desde el sur, el Escudo no aparece como una novedad doctrinal, sino como la actualización de una lógica conocida: la primacía hemisférica estadounidense reafirmada por vía militar y económica, en un continente donde se disputan litio, cobre y rutas comerciales. La pregunta incómoda no es si Chile coopera contra el crimen organizado —nadie serio lo discute—, sino qué parte del acuerdo conocerá el país recién cuando llegue la primera solicitud concreta de cooperación militar. El lunes, el canciller tendrá la primera oportunidad de responderla.