«No hay tratado», dicen: la letra chica del Escudo que obliga a Chile y que el Congreso no votará

Chile dejó de ser observador y se convirtió en miembro pleno del Escudo de las Américas. El anuncio se hizo en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU y el gobierno lo presentó como un "mecanismo de coordinación voluntaria" contra el crimen organizado transnacional: intercambio de información, análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI, coordinación fronteriza. El Presidente José Antonio Kast fue explícito: "Acá no hay un tratado". La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, insistió en la misma línea en La Tercera, descartando operaciones militares conjuntas y calificando la instancia como "clave para hacer frente a los problemas de seguridad pública".

Pero el documento que la propia diplomacia estadounidense publicó y que Chile suscribió dice bastante más. El texto organiza la coalición en tres pilares —económico, de seguridad y de coordinación multilateral— y el primero no habla de narcotráfico: habla de inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos y "proveedores confiables" de infraestructura digital. Es decir, de litio, de datos y de quién puede invertir en Chile.

Que el envoltorio securitario oculte el contenido económico no es un detalle interpretativo. Es la clave para entender por qué la adhesión llega justo antes de que el canciller Francisco Pérez Mackenna se siente el lunes 28 de septiembre frente al diputado Nelson Venegas (PS) en la primera interpelación a un ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno.

El carril que no se publicita

La declaración conjunta estructura el Escudo sobre compromisos que van mucho más allá del combate al delito. Según el desglose de DF Diario, el pilar económico contempla fortalecer la cooperación económica, explorar mecanismos de investment screening —revisión de inversiones extranjeras—, resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante "fuentes diversificadas y confiables" y promover regulaciones para "proveedores confiables" de infraestructura digital. El mismo documento sostiene que la "soberanía económica" se defiende cuando el capital que ingresa es "transparente y verificable".

Traducido: quién invierte, en qué sector y con qué origen pasa a ser materia de coordinación con Washington. No es una derivada secundaria. El propio editorial de DF Diario —un medio que no puede ser acusado de antinorteamericano— advierte que lo que nació como iniciativa de defensa militar "se ha ido transformando en una estrategia de seguridad económica regional", y que exigirá "límites claros para salvaguardar la soberanía nacional".

Los antecedentes confirman esa dirección. En marzo, cuando se puso en marcha el Escudo, Panamá lo vinculó oficialmente con la "prosperidad económica" del hemisferio, y la enviada especial estadounidense Kristi Noem afirmó que abriría oportunidades de negocios e inversiones, incluso en tecnología. En la reunión de esta semana en Nueva York, junto a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, estuvieron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la representante comercial, Jamieson Greer. Cuando una coalición "antidelictual" convoca a Hacienda y a Comercio Exterior, el eje no es la policía.

La presión que Pekín nombró y Santiago niega

El segundo frente lo abrió el embajador de China en Chile, Niu Qingbao. En entrevista con The Clinic, sostuvo que la relación entre Santiago y Beijing no debería quedar "sujeta a la influencia de terceros" y reconoció que ha existido "presión" externa en torno al proyecto de cable submarino China-Chile Express, llamando a Chile a resistirla. Lo dijo en la conmemoración del 77° aniversario de la República Popular China, en el Hotel Sheraton, con el embajador estadounidense Brandon Judd entre los asistentes —quien, según testigos citados por el medio, se retiró antes de que el acto terminara.

Frente a eso, Kast sostiene una equidistancia declarativa: "No somos ni pro Estados Unidos ni pro China, somos pro Chile", respondió a Bloomberg el mismo día en que Xi Jinping y Trump se reunían. El mandatario destacó el comercio con China y describió el vínculo con Washington como "histórico, estratégico", asegurando que Chile está abierto a la inversión extranjera pero que existen instituciones —el Tribunal de la Libre Competencia, las fiscalías— capaces de evitar dependencias excesivas en sectores estratégicos.

El problema es que la equidistancia retórica choca con un diseño que no es neutral. El análisis de Radio Universidad de Chile es directo: la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de fines de 2025 incluye el apartado "Corolario Trump a la Doctrina Monroe", cuyo objetivo declarado es recuperar la "preeminencia" en el hemisferio, garantizar el acceso estadounidense a geografías estratégicas e impedir que competidores externos controlen activos considerados vitales. El mismo documento conecta esa prioridad con las cadenas de suministro, los minerales críticos y la presencia de potencias extrarregionales. No se trata de una lectura conspirativa de la izquierda: es la estrategia escrita de una potencia que se propone excluir a su rival de los recursos que considera suyos.

Si no es tratado, ¿por qué no pasa por el Congreso?

Aquí está el nudo democrático. El gobierno afirma que no hay tratado ni cesión de soberanía. Kast lo repitió tras la adhesión: "No vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares", y descartó participar en intervenciones en otros países, en alusión a la operación estadounidense en Venezuela de enero pasado. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió lo firmado por los 15 países como una "intención de avanzar en la cooperación mutua" en defensa de la soberanía, la economía y la seguridad.

Pero el constitucionalista Tomás Jordán sostiene lo contrario en El Mostrador: "Cuando uno lo lee, uno no puede llegar a la conclusión que es solamente una declaración de buena voluntad". Según Jordán, el documento "tiene la naturaleza de un acuerdo internacional" y "se imponen obligaciones al Estado de Chile", mencionando compromisos en materias económicas, de inversiones y de persecución del crimen organizado. Aunque precisa que no existe todavía un acto concreto que vulnere la soberanía, advierte que el texto "puede poner en riesgo la soberanía de Chile".

La réplica viene del especialista en Defensa Richard Kouyoumdjian, quien descarta riesgos: las Fuerzas Armadas no pueden operar fuera del país sin autorización del Congreso, y ve beneficios eventuales en tecnología e inteligencia. Su frase resume el ala moderada del debate: "Olvídense que va a haber un acuerdo acá donde las Fuerzas Armadas de Chile van a salir a trabajar en conjunto con fuerzas norteamericanas en el Caribe".

Ambas lecturas son compatibles con un mismo hecho incómodo: si el instrumento es solo una declaración, el Ejecutivo no debe rendir cuentas al Congreso; si impone obligaciones —como sostiene Jordán— el ordenamiento jurídico chileno exige una vía de aprobación parlamentaria. El gobierno no puede invocar ambas cosas a la vez según le convenga. Y la opacidad ya tiene antecedentes: a comienzos de septiembre, el ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmaba que Chile aún no formaba parte de la coalición y que sus alcances no estaban suficientemente definidos. Días después, el país era miembro pleno.

La interpelación del lunes no resolverá por sí sola esa contradicción, pero la instalará en el único lugar donde puede debatirse públicamente. Mientras tanto, el Escudo avanza con un pilar económico que decide sobre litio, inversiones y cable submarino, invocando incluso el TIAR —vigente desde 1947, cuyo artículo 6 habilita acción colectiva— sin pasar por el Congreso. La pregunta no es si Chile debe coordinarse internacionalmente: es por qué esa coordinación, cuando toca los recursos estratégicos del país, se firma sin debate democrático y bajo un nombre que promete seguridad.