No se trata solo de los niños: el cerco que avanza sobre lo que escribes

El lunes 14 de septiembre, representantes de la sociedad civil llegaron hasta La Moneda para entregar una carta firmada por más de 150 organizaciones de Chile, América Latina, Europa y Oceanía. Pedían al Presidente José Antonio Kast retirar la reforma constitucional de seguridad. Ese mismo día, una investigación de El Mostrador documentaba cómo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sido blanco sistemático de publicaciones falsas, videos sacados de contexto y acusaciones sin respaldo, amplificadas por cuentas anónimas, medios digitales, programas de streaming y figuras políticas.

En paralelo, y sin el mismo ruido, el Congreso tramita con suma urgencia el proyecto "Entornos digitales seguros", que busca restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales, en la misma dirección que leyes ya vigentes en Australia, Brasil, Francia, Indonesia y Malasia.

Leídas por separado, son tres noticias: una protesta, una campaña sucia, una regulación tecnológica. Leídas juntas —como corresponde a una mirada materialista—, dibujan un mismo movimiento: la ampliación de los mecanismos de control sobre la palabra, sobre la organización y sobre la memoria de los abusos. La pregunta que ordena este texto no es si hay que proteger a los niños de las redes. La pregunta es quién queda dentro del cerco cuando la protección se convierte en el argumento.

Prohibir, educar o mirar hacia otro lado

El 25 de marzo, un tribunal de Los Ángeles declaró a Meta —matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— y a YouTube culpables de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar dependencia en menores de edad. La demandante, una joven de 20 años identificada como KGM, sostuvo que el scroll infinito y las recomendaciones del algoritmo le provocaron ansiedad y depresión. El fallo es relevante por lo que dice del negocio: no se juzgó el uso que una adolescente hizo de una aplicación, sino la arquitectura construida para retenerla.

Desde entonces el debate se aceleró. En dos años, el mundo pasó de no tener ningún país con prohibición efectiva de redes para menores a contar con al menos cinco legislaciones vigentes —las ya mencionadas Australia, Brasil, Francia, Indonesia y Malasia— y una veintena en distinto grado de tramitación, desde el Reino Unido hasta Alemania, Canadá o Colombia. Chile no es la excepción: junto al proyecto "Entornos digitales seguros", tramitado con suma urgencia, existen varias iniciativas parlamentarias y del Ejecutivo. La disyuntiva que atraviesa todas esas normas es la misma: prohibir derechamente el acceso o educar para un uso crítico.

La discusión no es trivial. Patricio Cabello, académico de la Universidad Andrés Bello, advierte en La Tercera que "las redes están menos reguladas que antes" y que las plataformas "han cambiado sus propias estrategias de autorregulación" y "las han abandonado de manera pública y deliberada". Traducido: el capital de la atención no se autorregula porque no le conviene. Como es sabido, la tradición crítica —de la industria cultural de Adorno y Horkheimer al "capitalismo de vigilancia" que describe Shoshana Zuboff— lleva décadas señalando que ese modelo de negocio consiste en capturar el tiempo y la subjetividad de los usuarios. Prohibirle la entrada a los menores deja intacta esa maquinaria; solo la oculta de los más jóvenes. Regularla es otra discusión, y no es la que se está dando con urgencia.

Desprestigiar primero, reformar después

Según la investigación de El Mostrador, el INDH ha sido objeto durante los últimos meses de publicaciones falsas, videos sacados de contexto, acusaciones sin respaldo y contenidos antiguos reutilizados como si fueran actuales. La mecánica se repite: aparece una publicación, llega a cuentas de alto alcance, circula masivamente, alguna figura pública replica la "noticia" y el nombre del organismo termina en trending topic. En el mejor de los casos hay un desmentido; si no, la mentira se expande sin freno.

La coincidencia temporal no prueba por sí sola una operación coordinada, pero el contexto es elocuente: la Cámara de Diputadas y Diputados acaba de aprobar en general el proyecto de reforma al INDH impulsado por Renovación Nacional, que incorpora exigencias como elevar el estándar para presentar querellas —respaldo de al menos dos tercios del Consejo— y modifica aspectos de transparencia, gobierno corporativo y rendición de cuentas. El debate se arrastra desde 2025, cuando una comisión asesora propuso cambios al organismo.

Conviene recordar, como contexto, que el INDH es una institución autónoma creada por la ley 20.405 hace más de una década, con mandato de promover y proteger derechos humanos. El desprestigio no es un fenómeno espontáneo ni ingenuo: es una disputa por el sentido común, y en términos gramscianos, ese terreno se disputa antes de que se vote cualquier reforma. Un organismo debilitado en la opinión pública es una institución a la que después resulta más barato intervenir.

"Nuestra libertad para comunicarnos libremente"

El tercer frente es el más directo. Las organizaciones que llegaron a La Moneda advirtieron que la reforma constitucional de seguridad afecta derechos básicos. "Lo que está en juego hoy día no es nada más ni nada menos que nuestra libertad, nuestra libertad para desplazarnos, nuestra libertad para reunirnos y nuestra libertad para poder comunicarnos libremente", dijo Sebastián Benfel, director ejecutivo de la ONG Escazú Ahora, al entregar la carta. Su diagnóstico fue tajante: el proyecto "le hace daño, no solamente al país, sino que a la democracia".

Benfel recordó que Chile ya cuenta con varios tipos de estado de excepción que el Presidente puede invocar cuando lo estime necesario, y planteó que si el Ejecutivo quiere reforzar esas herramientas o avanzar contra el crimen organizado, envíe proyectos específicos para esos fines, en lugar de involucrar a la ciudadanía general en una norma que afecta libertades fundamentales. Añadió que "solamente el envío de este proyecto ya es una mala señal para la democracia".

Cabe una advertencia metodológica: en el material disponible no existen casos documentados de personas detenidas en Chile por lo que publican en redes sociales. Afirmarlo sería tan irresponsable como las fake news que aquí denunciamos. Documentar esos eventuales casos —con organizaciones de derechos digitales y centros de estudio sobre libertad de expresión— sigue siendo una tarea pendiente para el periodismo y para quien quiera discutir este paquete normativo con evidencia y no con consignas.

Lo que sí puede sostenerse es la dirección del conjunto: un proyecto que restringe el acceso de menores a las plataformas, una campaña de desinformación que golpea al organismo encargado de vigilar al Estado, y una reforma constitucional que amplía facultades sobre el desplazamiento, la reunión y la comunicación. El cerco no necesita allanamientos: le basta con estrechar el terreno de lo decible. La disyuntiva real, entonces, no es prohibir o educar. Es si el Estado regula a los dueños de las plataformas o si, una vez más, termina regulándonos a nosotros.