Opinión: El bolsillo roto del Congreso y la urgencia de un cerrojo administrativo

La política chilena parece atrapada en un bucle de desconfianza que se alimenta, gota a gota, con cada revelación sobre el uso de las asignaciones parlamentarias. Lo que hoy investiga la justicia en torno a la senadora Camila Flores —un presunto esquema de "retorno" de sueldos en efectivo— no es solo un caso judicial aislado; es el síntoma de un diseño institucional que confía demasiado en la ética individual y muy poco en el control sistémico.

El rastro del efectivo y la oficina vacía

El caso de Flores, donde se acusa una "cuota" obligatoria de hasta el 70% del sueldo de sus asesores, nos devuelve a la época más oscura de la gestión de recursos públicos. El uso de dinero en efectivo es, por definición, el enemigo de la trazabilidad. Mientras el mundo avanza hacia la digitalización absoluta para combatir el lavado de activos y el fraude, el Congreso parece mantener rendijas donde los billetes circulan de mano en mano, lejos de los ojos del Servicio de Impuestos Internos o de la Tesorería.

Pero el problema no es solo el efectivo. Cuando miramos hacia atrás, a casos como el de Luciano Cruz-Coke y los cuestionamientos por el arriendo de oficinas a círculos de confianza sin una utilidad pública clara, el patrón se repite: la discrecionalidad. Actualmente, un parlamentario actúa como una suerte de "Pyme estatal" con un presupuesto asignado que administra bajo criterios personales. Elige a quién contrata, a quién le arrienda y qué servicios adquiere, muchas veces bajo el paraguas de una "confianza" que termina confundiéndose con el nepotismo o el financiamiento encubierto de la política.

La falacia del autocontrol

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias ha hecho esfuerzos, es cierto. Existen auditorías y reglamentos más estrictos que hace una década. Sin embargo, seguimos llegando tarde. La fiscalización actual opera sobre el documento presentado (la boleta, el contrato), pero rara vez sobre la sustancia ética de la transacción. Si un contrato cumple con la forma legal, pasa el filtro, aunque en la práctica el asesor nunca pise el Congreso o devuelva la mitad de su sueldo al llegar a casa.

Hacia un sistema de "Manos Afuera"

Para recuperar la fe pública, no bastan las declaraciones de buenas intenciones ni los sumarios internos. La reforma debe ser estructural y apuntar a tres pilares urgentes:

1. Centralización de la Gestión: El parlamentario no debe tocar un peso del presupuesto de asignaciones. Los contratos de asesores deben ser gestionados directamente por la corporación (Cámara o Senado) bajo estándares de la Alta Dirección Pública. El pago debe ser directo al trabajador, prohibiendo por ley cualquier transacción intermedia.

2. Transparencia Proactiva en Tiempo Real: No basta con publicar un PDF al mes. Cada peso gastado en arriendos o asesorías debería estar en un portal de datos abiertos donde cualquier ciudadano pueda verificar quién es el beneficiario final y qué vínculo tiene con el parlamentario.

3. Prohibición de Transacciones de Alto Riesgo: El pago en efectivo de cualquier servicio o remuneración vinculada al Congreso debe ser erradicado. Si un gasto no deja rastro bancario, no debe ser reembolsado.

Conclusión

La presunción de inocencia es un derecho sagrado en tribunales, pero en la arena pública, la política se juega en el terreno de las percepciones. Cada vez que un parlamentario utiliza su asignación para beneficio propio o de su red, no solo está malversando fondos; está demoliendo los cimientos de la democracia. Chile no puede seguir permitiendo que el dinero de todos los ciudadanos se gestione como si fuera la caja chica de una sede partidaria. Es hora de cerrar el bolsillo y abrir los libros de una vez por todas.