Plan Cóndor 2.0: no es diplomacia, es disciplinamiento

Entre el 8 y el 10 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió de gira por Barranquilla, Quito y Lima. El Siglo inscribe ese recorrido en lo que llama un "Plan Cóndor 2.0" liderado por Trump y en el "Escudo de las Américas": una verticalidad militar pensada para dar cobertura castrense a la extracción de recursos estratégicos, desplazar a las compañías chinas de la región y dejar un subtexto amenazante contra todo proyecto emancipatorio. Como es sabido, la Operación Cóndor original fue la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años setenta, con respaldo de Washington. El "2.0" que describe el diario no exige dictaduras formales: le basta con gobiernos electos dispuestos a alinearse.

La etiqueta es del medio; el patrón, en cambio, se puede verificar. Mientras Rubio aterrizaba en el eje andino, el Supremo Tribunal Federal de Brasil denunciaba presiones para sancionar a sus propios magistrados, Washington confirmaba la descertificación de Colombia por segundo año consecutivo y la BBC informaba que Alex Saab, operador clave del chavismo, se declaraba culpable en Miami y se comprometía a entregar US$195 millones a las autoridades estadounidenses.

Son hechos dispersos, pero unidos por un mismo mecanismo: el uso del derecho, las sanciones financieras y la amenaza militar como instrumentos de disciplinamiento. No es una ofensiva improvisada. Es una política exterior donde "cooperación" es el nombre diplomático de la tutela y "seguridad" el nombre del despliegue propio en territorio ajeno.

La justicia como territorio a ocupar

El magistrado Flávio Dino, de la Primera Sala del STF, denunció como "presión ilegítima" la posibilidad de que Washington imponga nuevas sanciones contra integrantes de la corte. Según la información del portal UOL que él mismo citó y que recoge Nodal, las autoridades estadounidenses evalúan reactivar la Ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes, y tanto Dino como Gilmar Mendes podrían figurar entre los objetivos. "Existe esa idea falsa de que el tribunal debe someterse a presiones", dijo, para quien una corte constitucional pierde su razón de ser si queda subordinada a intereses de órganos de poder públicos o privados.

No es un exabrupto. La Ley Magnitsky permite a Washington bloquear activos y restringir operaciones financieras de extranjeros que él mismo acusa de corrupción o de violaciones de derechos humanos. Se trata de legislación extraterritorial: la potencia se arroga el derecho de juzgar a funcionarios de otro Estado soberano. Aplicada contra la máxima instancia judicial de Brasil, la señal es inequívoca, y el mensaje no va dirigido solo a los jueces: va dirigido a cualquiera que deba decidir un caso incómodo para los intereses estadounidenses.

El otro extremo del mismo mecanismo es Colombia. Rubio confirmó desde Barranquilla que su país mantiene la descertificación por segundo año consecutivo y adelantó que habría que esperar hasta 2027, porque la evaluación correspondía al último año del gobierno de Gustavo Petro. Aun así, Washington se abstuvo de suspender la asistencia, alegando que la entrega de recursos es "vital para los intereses nacionales" de Estados Unidos. Es decir: se conserva el subsidio castrense, pero también el castigo reputacional. Petro ya había respondido el año anterior: el crecimiento de los cultivos de coca se produjo durante el gobierno de Iván Duque, con fumigación forzada, y "es la política de Estados Unidos la que ha fallado". Su argumento —que para reducir la oferta hay que reducir la demanda y no rociar glifosato, prohibido por la Corte Constitucional— no alteró una decisión que, en los hechos, opera como presión política.

Alex Saab, o cómo se cobra la factura

El caso venezolano muestra que el garrote admite también la forma del contrato. Alex Saab, contratista de la Gran Misión Vivienda, luego proveedor de los CLAP y finalmente ministro del gobierno de Maduro, cambió su declaración de "no culpable" a "culpable" por conspiración para lavado de dinero ante una corte federal de Miami. El acuerdo con la Fiscalía incluye colaborar con información relevante y entregar US$195 millones. Estaba acusado de haber lavado hasta US$350 millones a través del sistema de control cambiario venezolano, delito castigado con hasta 20 años de cárcel que podría verse reducido si su cooperación resulta valiosa. La agencia EFE informó que se habría comprometido a aportar antecedentes sobre "altos funcionarios venezolanos".

La secuencia importa. De acuerdo con la BBC, Saab fue deportado a Estados Unidos en mayo, cuatro meses después de que Maduro fuera detenido en Caracas en una operación militar estadounidense que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta interina. El mismo gobierno que captura y cobra es el que, según reportes periodísticos, firmó con el gobierno de Maduro un acuerdo petrolero con una empresa poco conocida y sin la participación de las grandes petroleras. ¿Negocio, presión o ambas cosas? La respuesta más sobria es que no son alternativas. La potencia conserva siempre la capacidad de castigar; el "acuerdo" no equivale a reconocimiento, sino a administración de un subordinado. La confesión de Saab cumple entonces una doble función: extrae dinero e información, y advierte al resto de la dirigencia sobre el precio de la desobediencia.

El garrote y su correa de transmisión local

La dimensión militar completa el cuadro. La BBC y La Tercera han reportado el despliegue de un arma espacial estadounidense, reconocido por primera vez por las autoridades, dato que se suma a ese "Escudo de las Américas" que El Siglo describe como cobertura castrense de la presión política.

Ninguna presión externa funciona sin operadores internos. Según El Mostrador, una investigación por corrupción golpea en Brasil a Flávio Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha que disputará a Lula un cuarto mandato en una contienda que las encuestas describen como reñida, con primera vuelta el 4 de octubre y una eventual segunda el 25. En Argentina, el caso Milei/Cerimedo —recogido por El Ciudadano— expone el uso de granjas de bots en la construcción de mayorías, las mismas que El Siglo menciona al describir la instalación de tres gobiernos de derecha en menos de un año. El cerco que se dibuja —Milei en Argentina, De la Espriella en Colombia, Noboa en Ecuador, Fujimori en Perú y Kast en Chile— no aísla solo al lulismo: estrecha el perímetro sudamericano de todo proyecto que se salga del guion.

Chile tiene un lugar preciso en ese tablero. El embajador Brandon Judd, según El Siglo, no llegó a estrechar lazos, sino a cobrar peaje geopolítico: decretó la muerte del cable submarino con China y empujó el Escudo de las Américas con el argumento de la crisis de seguridad. La tarifa es nítida —monopolio tecnológico a cambio de tutela sobre la seguridad interior—, y encontró eco inmediato en los senadores Rodolfo Carter y Rojo Edwards. La historia rima: en 1973, el embajador Nathaniel Davis monitoreaba el quiebre democrático mientras la derecha local pavimentaba el golpe. Hoy, el gobierno de Kast guarda silencio. Esa es la correa de transmisión: una derecha que antepone sus dogmas reaccionarios a la dignidad del país.

El disciplinamiento, entonces, no es solo una operación de Washington. Es un dispositivo que se completa con la complicidad local, con la justicia amenazada y con los recursos estratégicos en disputa. Leerlo como una suma de episodios sueltos es la mejor manera de no verlo.